TEMA: LÍMITES DEL CONTROL JUDICIAL EN EXTINCIÓN DE DOMINIO - La Sala precisó que el juez especializado en extinción de dominio tiene la función natural de ejercer el control de legalidad sobre las medidas cautelares decretadas por la Fiscalía, y debe declarar su ilegalidad cuando esta actúe por fuera del marco excepcional de seis meses previsto en el artículo 89. Al superar dicho término, se entiende decaído el poder cautelar extraordinario de la Fiscalía. Se aclara que únicamente se desafectarán los porcentajes del derecho de dominio correspondientes a los incidentistas, en consecuencia, se mantendrán las medidas cautelares que gravan el resto de la propiedad. /

TEMA: RAZONABILIDAD PROBATORIA – De ninguna manera el Estado representado por la Fiscalía General de la Nación, está exonerado del deber de probar la materialización de la causal extintiva.  Ciertamente, el afectado, no se opuso a la pretensión del Estado a lo largo del trámite extintivo, sin que aquello sea suficiente para que concluir el ejercicio probatorio de la fiscalía está satisfecho, máxime cuando emerge diáfano que los bienes, fueron adquiridos en un marco temporal ajeno y anterior al acreditado en la acción. /

TEMA: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Se evidencia que la demora en el ciclo probatorio no es atribuible a la conducta del afectado, quien presentó su oposición a la acción extintiva y allegó las pruebas que consideró pertinentes. En tales condiciones, el proceso se ha prolongado más allá de lo razonable, sin que se haya culminado la fase actual ni exista claridad sobre cuándo finalizará, por lo que se configura una mora judicial injustificada que ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del peticionario, quien carece de otro mecanismo alternativo para contrarrestar los perjuicios derivados de dichas cautelas. /

TEMA: CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA Y FALTA DE ACREDITACIÓN EN LA SOLICITUD - No basta con la manifestación hecha por parte del apelante acerca de que la petición se hizo con fundamento en el artículo 169 del Código General del Proceso, que trata sobre las pruebas a petición de parte, porque esa no es la codificación aplicable y porque, de todas formas, en dicha ley también se prevé la carga dinámica de la prueba, según la cual el funcionario exigirá probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para hacerlo. Tampoco tiene incidencia la afirmación acerca de que muchos documentos tienen relación con el difunto, padre de su representada, debido a que no se acreditó que las mismas hubiera sido deprecadas y negadas. /

TEMA: CONTROL DE LEGALIDAD – Para esta Sala, en virtud del principio de preclusión o eventualidad, se entiende que el control debe ejercerse dentro de la fase inicial, antes de la presentación de la demanda, momento en el cual la Fiscalía pierde la dirección del proceso y este pasa a manos del juez de extinción de dominio. En este caso, la solicitud de control de legalidad fue presentada después del vencimiento del traslado previsto en el artículo 141 de la Ley 1708 de 2014, por lo que se concluye que dicha solicitud fue presentada de manera extemporánea, al no cumplir con el término procesal establecido. /

TEMA:  CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES – La Sala concluye que los términos del traslado habían fenecido, pues transcurrió un lapso mayor a los 10 días hábiles consagrados para el ejercicio de oposición, el cual incluye el ejercicio de control de legalidad sobre las medidas cautelares. Por lo tanto, el afectado deberá esperar la decisión que conforme a derecho se tome en el proceso principal, en tanto que, no siendo posible la apertura de eventos divergentes al propio juicio para cuestionar la situación de la relación patrimonial, que se ve limitada por las medidas cautelares, las mismas seguirán vigentes hasta tanto no se cuente con sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso. /