TEMA: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN FRENTE A COMPAÑÍA DE SEGUROS – Respuesta de fondo, clara, precisa y congruente. Diferencia entre informar sobre el trámite de una solicitud y resolver materialmente lo solicitado. Inaplicabilidad del término previsto en el artículo 1080 del Código de Comercio para responder un derecho de petición.
HECHOS: La señora MAB promovió acción de tutela contra XXX S.A. Compañía de Seguros por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición. Expuso que el 24 de agosto de 2026 presentó ante la aseguradora una solicitud relacionada con el accidente de tránsito sufrido el 2 de mayo de 2025. El 1 de septiembre de 2026 recibió una comunicación en la cual se le informó que la reclamación se encontraba en estudio para su posterior remisión a los especialistas quienes la contactarían o notificarían acerca del inicio del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Sostuvo que esa comunicación no resolvió materialmente lo pedido, porque no definió si se realizaría la valoración, no materializó la remisión solicitada, nada decidió respecto de los honorarios y costos y tampoco expresó una negativa motivada. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2026, concedió el amparo. Estimó que la comunicación del 1 de septiembre no constituyó una respuesta material ni una ampliación válida del término, pues solamente informó que la reclamación permanecía en estudio y no señaló un plazo cierto para resolverla. Añadió que no hubo pronunciamiento definitivo sobre las distintas solicitudes y que tampoco se acreditó una respuesta posterior durante el trámite constitucional. En consecuencia, ordenó a La Previsora emitir y comunicar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, una respuesta de fondo, clara y congruente a la petición del 24 de agosto de 2026, precisando en la motivación que ello no implicaba reconocimiento de cobertura, fijación de porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pago de honorarios o indemnización. El Conflicto Jurídico radica en verificar si la comunicación mediante la cual una compañía aseguradora informa al peticionario que su solicitud se encuentra en estudio y será remitida posteriormente a especialistas constituye una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente capaz de satisfacer el derecho fundamental de petición, cuando no adopta una posición concreta frente a cada uno de los requerimientos formulados.
TÉSIS: (…)El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, no se agota en la facultad de dirigirse a las autoridades. Comporta, correlativamente, el deber de estas de recibir y tramitar la solicitud, pronunciarse de manera oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo sobre lo planteado, y poner efectivamente la respuesta en conocimiento del interesado. Se trata de una garantía fundamental autónoma y, a la vez, de carácter instrumental, pues constituye uno de los principales mecanismos de comunicación entre las personas y la administración y permite obtener de esta una definición respecto de los asuntos sometidos a su consideración, facilitando con ello el ejercicio y protección de otros derechos. Por esa razón, su satisfacción no depende del sentido favorable de la respuesta ni supone que la autoridad deba acceder a lo solicitado. Lo constitucionalmente exigible es que exista un pronunciamiento material sobre la cuestión planteada, que atienda de manera comprensible y congruente lo pedido, se produzca dentro del término previsto por el ordenamiento y sea efectivamente comunicado al peticionario. Mientras este último no conozca la respuesta, el derecho no puede entenderse satisfecho. En esa medida, el núcleo esencial de la garantía comprende: (i) la posibilidad cierta de formular la solicitud y que esta sea recibida y tramitada (ii) la obtención de una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente (iii) su emisión dentro del término legal y (iv) la efectiva comunicación de lo decidido al interesado. (…) La inconformidad de la impugnante se concentra, esencialmente, en sostener que la comunicación del 1 de septiembre de 2026 constituyó una respuesta de fondo a la petición de la accionante y que, en todo caso, para la fecha de presentación de la tutela aún se encontraba corriendo el término de un mes previsto en el artículo 1080 del Código de Comercio. No existe controversia en esta instancia acerca de que la petición fue recibida por La Previsora el 24 de agosto de 2026 y registrada ese mismo día bajo el PQR n.° 2026029251, ni de que la acción de tutela fue presentada el 17 de septiembre siguiente. (…) El derecho de petición no se satisface por el solo hecho de que el destinatario emita una comunicación dentro del término legal. Es necesario que esta resuelva materialmente lo solicitado. La Corte Constitucional ha reiterado que una respuesta de fondo debe ser clara, precisa, congruente y consecuente, en particular, debe atender directamente lo pedido y no puede reducirse a fórmulas evasivas o a informaciones que dejen sin definición el objeto de la solicitud. MAB no pidió simplemente información sobre el estado de una reclamación. Solicitó que la aseguradora gestionara y ordenara la valoración de su pérdida de capacidad laboral, efectuara la remisión y remitiera la documentación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la autoridad competente, asumiera los honorarios y costos de la calificación y, si estimaba improcedente alguna de esas solicitudes, explicara las razones de su decisión. Frente a ello, la comunicación del 1 de septiembre se limitó a informar que la reclamación estaba siendo objeto de estudio, que posteriormente sería remitida a los especialistas de la compañía y que estos contactarían a la interesada acerca del inicio del proceso de calificación, previa validación de las circunstancias del accidente, de la documentación allegada y de la cobertura. Pero una cosa es informar que una solicitud está siendo estudiada y otra resolverla. En particular, no definió si la solicitud de valoración era aceptada o rechazada, no indicó si se efectuaría la remisión solicitada ni cuál era, según la aseguradora, la autoridad llamada a intervenir, nada decidió acerca de los honorarios y costos y tampoco explicó que alguno de esos requerimientos fuera improcedente por depender de una actuación posterior. Sobre tales extremos no hubo una respuesta negativa. Si bien, el derecho fundamental de petición no obliga a acceder a lo solicitado, sí obliga a adoptar una posición frente a ello. (…) Tampoco es admisible el argumento según el cual ese plazo debía ser desplazado por el término de un mes consagrado en el artículo 1080 del Código de Comercio. que La norma invocada dispone que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante aquel, conforme al artículo 1077 del mismo estatuto. Su objeto es inequívoco, regula el término para pagar la prestación derivada del contrato de seguro una vez acreditado el derecho, no establece un plazo general de un mes para responder derechos de petición formulados al asegurador. Se trata, pues, de deberes jurídicamente diferenciables. Uno concierne al cumplimiento de la prestación asegurada y determina cuándo debe efectuarse su pago, el otro deriva directamente del artículo 23 de la Constitución y obliga a resolver oportunamente la solicitud formulada por el interesado. Que ambos puedan surgir en el contexto de una relación aseguraticia no permite confundir sus términos ni su objeto. Y en este caso la distinción es aún más evidente, porque la petición del 24 de agosto no tuvo por objeto obtener el pago inmediato de una indemnización ya determinada. Se encaminó, precisamente, a promover la valoración de pérdida de capacidad laboral y a obtener definiciones acerca de las actuaciones necesarias para adelantarla. No podía, entonces, trasladarse sin más a esa solicitud el plazo previsto legalmente para el pago de un siniestro. Por consiguiente, la petición estaba sometida al término general del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. (…) Así las cosas, la existencia de la comunicación del 1 de septiembre no desvirtúa la vulneración, la confirma, en cuanto demuestra que La Previsora recibió y estaba tramitando la petición, pero que para ese momento no la había resuelto y anunció que lo haría después.
MP: JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
FECHA: 15/10/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELA
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