05001310500220240001901
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- Laboral
- 17 Noviembre 2026
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TEMA: RETROACTIVO PENSIONAL. - La Sala concluye que la ineficacia del traslado impedía prescribir las mesadas reclamadas; reconoció el retroactivo y ajustó intereses e indexación.

TEMA: VALIDEZ DEL DICTAMEN.-La Sala valida el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al encontrarlo consistente, claro y suficientemente fundamentado al estimar que su calificación integral de la pérdida de capacidad laboral se ajustó al Manual Único de Calificación de Invalidez y fue concordante con la historia clínica.
TEMA: RETROACTIVO PENSIONAL. - La Sala concluye que la ineficacia del traslado impedía prescribir las mesadas reclamadas; reconoció el retroactivo y ajustó intereses e indexación.
HECHOS: Se afirma que el señor MAMR se encuentra afiliado a XXX misma por la que fue calificado el 20 de diciembre de 2017 con una PCL del 40.6%, de origen común y fecha de estructuración del 17 de noviembre de 2017. Posteriormente fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la que el 09 de octubre de 2018 le asignó una PCL del 43.45%. Luego fue calificado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, la que emitió dictamen del 14 de diciembre de 2018, determinando una PCL del 58.86%, de origen común y fecha de estructuración del 24 de enero de 2017. Menciona que los dos primeros Invalidez no son coherentes con la complejidad patológica del demandante, por cuanto los porcentajes de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración son disímiles respecto del dictamen practicado por la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia. Alega que cumple los requisitos para acceder al derecho pensional y por lo mismo presentó reclamación ante XXX el 27 de febrero de 2019. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín declaró la validez del dictamen XXX del 05 de julio de 2024 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en consecuencia, declaró que el señor MAMR cuenta con una PCL del 50.48%, de origen común y con fecha de estructuración del 27 de diciembre de 2017. El Conflicto Jurídico consiste en verificar (i) Si el dictamen de PCL emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez como fundamento primordial de la a quo, en armonía con el petitum de la demanda, según los principios que informan la sana crítica, está revestido de validez y eficacia. Adicionalmente, (ii) Si el señor MAMR sufrió una PCL superior al 50%, y si causó la pensión de invalidez, de ser así, ¿a partir de qué fecha debe reconocerse? y, en últimas, (iii) Si hay lugar a la indexación.
TESIS: El sentido del fallo de esta Corporación será modificatorio y confirmatorio por las siguientes razones: (…) De lo expuesto, nótese que la diferencia entre las dos experticias radica en la calificación de las deficiencias y en el rol laboral y ocupacional, en razón de lo cual, inicialmente nos referiremos a las diferencias del ítem de las deficiencias, encontrando que la razón está del lado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por cuanto la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia al utilizar las tablas 2.6 y 15.3, desconoció que el actor tuvo un procedimiento quirúrgico, que es lo que en esencia marca la diferencia en las deficiencias, pues la Junta Regional le asigna un 10%, mientras la Junta Nacional le asigna un 21% a la “Lesión de segmentos móviles de la columna lumbar”. (…) El perito EHV explicó que efectivamente ese aspecto es el diferenciador en el porcentaje asignado a la deficiencia, y que a pesar de que el actor tiene reportado en la historia clínica ese procedimiento quirúrgico “no entendería que en otro dictamen de la junta regional no contempló que tenía un procedimiento quirúrgico”. Por manera que, al encontrar que la calificación realizada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez tiene soporte en la historia clínica, particularmente porque se logra acreditar el factor modulador de la clase 3 de la tabla 15.3 del MUCI, al constatarse que el demandante tuvo un procedimiento quirúrgico “con pobre mejoría del dolor”, hay lugar a prohijar que esta calificación prevalece frente a la de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, porque a pesar de que en su dictamen se hace referencia a la circunstancia particular “tratado quirúrgicamente en octubre de 2016, no mejoró los síntomas”, al aplicar la tabla 15.3 del MUCI le asignó el 10% como máximo en clase 1, para personas que no reportan intervención quirúrgica, cuando resulta evidente que el actor tuvo un procedimiento quirúrgico. Así las cosas, en lo referente al ítem de las deficiencias, concluye la Sala que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez es el acertado. (…) De lo expuesto, nótese que la diferencia de ambas calificaciones estriba en las restricciones del rol laboral y restricciones en función de la edad cronológica, pues mientras la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le asignó un 10%, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le asignó un 15% a la primera; en la otra calificación, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia le asignó un 1.5% y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez un 2%, y tal porcentaje es lo que en últimas hace que el actor supere un poco más del 50% de PCL (50.48%). (…) En ese orden, se equivocó la Junta Regional de Calificación de Invalidez al desconocer el concepto desfavorable de rehabilitación, y los antecedentes reportados en la historia clínica frente a la dificultad para la marcha, desplazamiento e intensidad del dolor lumbar, con lo cual no se podía clasificar o situar al actor en la categoría No 03 con reintegro y modificaciones en su puesto de trabajo en su labor habitual, sino que, debido a su estado de salud y el compromiso de su columna, necesariamente en el rol laboral requería o ameritaba la reubicación definitiva en una labor acorde a sus capacidades que no implique el desplazamiento, levantar objetos, y hacer cualquier clase de fuerza, entre otras, razón por la cual, podría sostenerse que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez al fijar el rol laboral en la categoría No 4 “Cambio de rol laboral o de puesto de trabajo” obró de manera acertada. (…) Pensión de invalidez por riesgo común – densidad mínima de cotizaciones: (…) una vez revisada la historia laboral de cotizaciones al sistema general de pensiones, se tiene que acreditó más de las 50 semanas exigidas por la norma en cita, al reunir 156.42 semanas. En lo atañedero al quantum pensional, ha de decirse que, a pesar de que en la historia laboral de cotizaciones se aprecia que el ingreso base de cotización fue levemente superior al salario mínimo, al aplicar la fórmula que trae el literal a) del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, encontró la a quo que su pensión será inferior al SMLMV, razón por la cual, en aplicación de la disposición legal en cita: “En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual”, se procederá a confirmar el reconocimiento pensional en cuantía de UN (1) SMLMV, además de que este ítem no fue objeto de disenso por la parte activa. (…) Retroactivo pensional: Con arreglo a lo previsto en el artículo 283 del CGP la condena se extenderá hasta la fecha en que se profiera la sentencia de segunda instancia, y una vez realizados los cálculos matemáticos del caso por la Sala, se obtiene un valor en favor de MAMR de $121.735.033, correspondiente a las mesadas causadas entre 27 de diciembre de 2017 y el 31 de agosto de 2026, y a partir del 1º de septiembre de 2026 XXX deberá seguir reconociendo una mesada pensional equivalente a UN SMLMV, que para el año 2026 asciende a la suma de $ 1.750.905, la cual se incrementará anualmente conforme el reajuste legal establecido, y que se pagará por 13 mesadas pensionales, según lo preceptuado en el Acto Legislativo 01 de 2005, dado que la pensión fue causada con posterioridad al 31 de julio de 2011. (…) Indexación: Esta Colegiatura ordenará la indexación, por razón de la mengua de la condena impuesta ante el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, misma que debe ser asumida por quien debe realizar el pago, en este caso, XXX, sin que sea dable en el presente asunto analizar su proceder de buena o mala fe, debido a que la actualización de las condenas en dinero no comportan una sanción al deudor, sino simplemente es un mecanismo para resarcir al acreedor por la depreciación monetaria de las mismas.
MP: VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
FECHA: 15/09/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA