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TEMA: DERECHO DE PETICIÓN. - La omisión de una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado no solo desconoce los términos legales, sino que vulnera de manera directa esta garantía constitucional, pues el núcleo esencial de dicha prerrogativa fundamental exige una resolución de fondo y no una simple contestación meramente formal o evasiva.

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HECHOS: IEP promovió acción de tutela contra XXX S.A. Compañía de Seguros, al estimar vulnerado su derecho fundamental de petición. Expuso, que el 5 de mayo de 2024 sufrió un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo de placas XXX, amparado por una póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito —SOAT— expedida por la accionada. Señaló que, con ocasión de las secuelas derivadas del siniestro, fue valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, entidad que determinó una pérdida de capacidad laboral del 13,50 %. Afirmó que el 26 de mayo de 2026, presentó ante XXX S.A. Compañía de Seguros una petición mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente derivada del SOAT, con fundamento en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado por la Junta, pero a la fecha de interposición de la tutela no había recibido respuesta de fondo. Por ello pidió amparar su derecho fundamental de petición y ordenar a la aseguradora emitir un pronunciamiento material respecto de la reclamación. El Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó el amparo. El Conflicto Jurídico radica en verificar si pese a que la negativa inicial obedeció a la ausencia de soporte probatorio, el juez de segunda instancia debe revocar el fallo y conceder el amparo, una vez la parte activa aporta en la impugnación la constancia de radicado que acredita el ejercicio de su garantía fundamental de petición.

TÉSIS: (…) El a quo negó el amparo al considerar que no estaba acreditada la presentación de esa solicitud. En efecto, aunque la accionante afirmó haberla remitido a los canales electrónicos dispuestos por la aseguradora, con el escrito inicial no allegó elemento que permitiera constatar su efectiva radicación o recepción. De ahí que, con el material probatorio entonces disponible, no fuera posible atribuir a XXX una omisión respecto de una petición cuya existencia ante su destinataria no aparecía demostrada. Esa premisa, sin embargo, quedó desvirtuada en la segunda instancia, ya que con la impugnación fueron aportados los documentos que la accionante manifestó haber omitido al momento de promover el amparo. Su valoración resulta procedente, pues no incorporan un hecho nuevo ni alteran la causa de la acción, además, que desde el escrito inicial se afirmó que la reclamación había sido presentada el 26 de mayo de 2026 y que la vulneración provenía de la falta de una respuesta material. (…) A ello se suma que el 9 de junio de 2026, mediante comunicación identificada como PQR No. XXX, XXX reconoció nuevamente la existencia de la solicitud al indicar expresamente que atendía el derecho de petición “radicado el 5/26/2026”, mediante el cual se reclamaba el pago de la indemnización con cargo a la póliza correspondiente al vehículo de placas XXX. (…) Con ello queda superado el presupuesto probatorio que condujo a negar el amparo. No porque el juez de primera instancia hubiera omitido valorar una prueba que tenía a su alcance, sino porque en esta instancia se incorporó el elemento cuya ausencia determinó aquella decisión. Acreditada la recepción, el problema constitucional se concreta en establecer si la comunicación expedida por XXX el 9 de junio de 2026 satisfizo materialmente el derecho de petición. La solicitud presentada el 26 de mayo tenía un contenido definido, obtener de la aseguradora una determinación sobre el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente, con sustento en el dictamen que fijó la pérdida de capacidad laboral de la accionante en 13,50 %. Frente a ello, XXX respondió: “hemos recibido su reclamación la cual está siendo objeto de estudio por parte de la compañía, tan pronto tengamos respuesta estaremos informándole”. Luego, hizo referencia al artículo 1080 del Código de Comercio y concluyó indicando que, verificada la recepción de la reclamación el 26 de mayo, estaría dando respuesta “dentro de los tiempos establecidos para ello”. La comunicación acredita que la aseguradora recibió y empezó a tramitar la reclamación, no demuestra, sin embargo, que la hubiera resuelto. La actora no preguntó únicamente si sus documentos habían sido recibidos o cuál era el estado interno de la solicitud. Pidió una decisión respecto del reconocimiento de la indemnización. XXX podía acceder a ella, negarla, formular una objeción, advertir la falta de algún requisito o documento, o adoptar cualquier otra determinación jurídicamente procedente, lo que debía hacer era definir materialmente la reclamación. La respuesta del 9 de junio no hizo ninguna de esas cosas. Se limitó a informar que el asunto continuaba en estudio y que posteriormente se comunicaría una respuesta. Dicho de otro modo, hubo una comunicación, pero no una resolución de fondo. (…) Tampoco modifica esa conclusión la referencia efectuada en aquella comunicación al artículo 1080 del Código de Comercio; razón por la cual no cabe definir en esta oportunidad si, por la naturaleza de la reclamación, el término allí previsto desplaza o no la regla general aplicable al derecho de petición. Esa discusión resulta innecesaria para decidir el caso, porque aún bajo el lapso de un mes invocado por la propia aseguradora, la omisión persistía cuando fue promovida la tutela. (…) Lo constitucionalmente exigible es que esa definición exista, sea clara, precisa, congruente y completa, y sea efectivamente comunicada a la interesada. Por consiguiente, se revocará el numeral primero de la sentencia impugnada y, en su lugar, se amparará el derecho fundamental de petición de IEP, ordenando a XXX S.A. Compañía de Seguros que, si aún no lo ha hecho, resuelva de fondo la reclamación radicada bajo el No. XXX.

MP: JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
FECHA: 13/08/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELA

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