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TEMA: PAGO DE HONORARIOS DE JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. – Se configura hecho superado respecto al derecho de petición por respuesta otorgada en el trámite, y se niega el pago de honorarios ante la Junta Regional al no acreditarse incapacidad económica de la accionante, quien figura como cotizante en estado activo.

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HECHOS: Dijo la accionante que el 24 de enero de 2025 sufrió accidente de tránsito como ocupante de motocicleta, sufriendo lesiones y secuelas físicas que afectaron su movilidad y funcionalidad, como se registra en la historia clínica y se tuvo en cuenta en el dictamen emitido por la entidad calificadora, como lesiones en la pierna, tobillo, antebrazo, codo, región lumbar, con dolor posterior y limitación funcional en rodilla izquierda, con estudios diagnósticos y controles por ortopedia y medicina del dolor. Indicó que el 10 de noviembre de 2025 presentó derecho de petición ante XXX S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, solicitando se realizara valoración médica para determinar la pérdida de capacidad laboral y se tramitara la indemnización por incapacidad permanente. Como respuesta se notificó el dictamen No 4039675918022026 del 18 de febrero de 2026 emitido por XXX S.A. en el cual se asignó una PCL de 0.00%. Señaló que el mismo 18 de febrero de 2026 interpuso apelación en contra del dictamen, solicitando se le garantizara una nueva valoración por considerar que no hubo una valoración integral. Pero a la fecha no se le ha garantizado el trámite de su inconformidad, ni la remisión del expediente a la autoridad competente para revisar su caso, quedando en un estado de indefensión, desconociendo su derecho al debido proceso y derecho de defensa. La accionante solicita se tutelen sus derechos de petición, debido proceso, seguridad social, salud en conexidad con la seguridad social, acceso material a la valoración integral y a la controversia del dictamen de PCL, acceso a la revisión efectiva de la calificación emitida, como expresión del derecho de defensa y contradicción. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello-Antioquia concedió parcialmente el amparo reclamado, tutelando el derecho de petición y ordenando a las accionadas que den respuesta clara y de fondo a la petición elevada por la accionante el 18 de febrero de 2026, manteniéndola informada de los procesos que se adelanten al respecto. En lo que respecta a garantizar una segunda valoración advirtió que corresponde a la accionante el pago de los respectivos honorarios, pues no demostró incapacidad para sufragar dicho gasto, no se acreditó un perjuicio irremediable o afectación inminente de este derecho. El Conflicto Jurídico radica en determinar si debe modificarse el fallo para ordenar que la realización del trámite de la apelación de la calificación de pérdida de capacidad laboral conforme lo solicita la accionante, o si debe confirmarse el fallo en los términos en que fue proferido.

TÉSIS: (…) En vista de lo anterior, se evidencia entonces que, la discusión en sede de impugnación radica entonces en el trámite dado al recurso de apelación formulado por la accionante frente al dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la entidad aseguradora considerando la accionante que corresponde el reconocimiento y pago de honorarios para surtir el recurso, a la entidad aseguradora. Pues bien, se tiene que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 “salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”; en el caso concreto el derecho de petición (recurso de apelación) que, ante XXX S.A. Compañía de Seguros, presentó el extremo activo fue radicado el día 18 de febrero de 2026, y la acción de tutela fue presentada el 20 de marzo del año 2026, efectuada la contabilización de los términos de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, se arriba a la conclusión que al momento de la interposición de la acción, se evidenciaba afectada la garantía fundamental de petición, porque no se le había brindado respuesta alguna en relación con el recurso de apelación por ella interpuesto. No obstante, al responder la acción de tutela, XXX S.A acreditó haber remitido el día 26 de marzo de 2026, al correo electrónico de la accionante, una respuesta en la que le informan el trámite a seguir en relación con el recurso de apelación interpuesto y, en relación al pago de los honorarios, le informan que: “de conformidad con la verificación efectuada en el Sistema de Consulta de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se evidencia que la señora MERD se encuentra afiliada en calidad de cotizante, con vínculo formal vigente.” y que, debido a ello, no resultaba procedente el reconocimiento ni pago de honorarios a la Junta Regional de Calificación, por cuanto la solicitante cuenta con la capacidad económica necesaria para asumir los costos derivados de dicho concepto. De conformidad con lo anterior, para esta sala es claro que a la accionante sí se le brindó una respuesta sobre el trámite de su recurso de apelación, y a pesar de que no le fue informado dentro de los términos contemplados por el artículo 14° de la Ley 1755 de 2015, lo cierto es que en trámite de la acción se superó dicha vulneración. Así mismo, se advierte que la respuesta brindada por la entidad en cuanto al pago de los honorarios, que es finalmente lo reclamado mediante el recurso de impugnación, también se encuentra acorde con la normativa y desarrollo jurisprudencial sobre la materia. (…) En el caso concreto, si bien el tutelante afirmó haber quedado con “múltiples limitaciones y complicaciones para desempeñar cualquier trabajo” debido a la fractura en el tobillo derecho sufrida en el accidente, la cual fue tratada quirúrgicamente en la Clínica de Fracturas Las Victorias, no se identifica ningún elemento en el expediente que permita dar por probada la incapacidad económica del accionante ni, mucho menos, que la fractura producto de la cual se determinó una pérdida de capacidad laboral del 3.5%, que además fue objeto de una intervención quirúrgica oportuna, pueda derivar en múltiples limitaciones y complicaciones, supuestamente permanentes, que impidan al demandante realizar cualquier tipo de trabajo. Por lo anterior, la Sala no encuentra demostrada la incapacidad económica del accionante. Tampoco encuentra probado el dicho del accionante según el cual las secuelas del accidente en el que se fracturó el tobillo derecho le han impedido trabajar para obtener los recursos necesarios para sufragar los honorarios que deben pagarse a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar para que revise el dictamen de pérdida de capacidad laboral de primera oportunidad. Asimismo, a diferencia de aquellos casos en los que la Corte ha ordenado a la aseguradora sufragar el costo de un dictamen de pérdida de capacidad laboral cuando se ha demostrado que el actor no puede cubrir dicho costo, en el caso bajo examen la Sala observa que (i) ya se pagó un primer dictamen de pérdida de capacidad laboral y lo que se está solicitando es una revisión del mismo, y (ii) los elementos probatorios presentes en el expediente – dictamen de PCL del 3.5% y una incapacidad médica de 30 días hábiles frente a una fractura que fue operada de manera oportuna – no indican una afectación de tal magnitud que haga necesaria la intervención del juez constitucional. Así las cosas, en el presente asunto la parte accionante ni siquiera afirmó que estuviese imposibilitada para asumir los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pues en el escrito introductorio adujo básicamente que se vulneraban sus derechos de petición, debido proceso, seguridad social y salud, debido a que no se había impartido trámite al recurso de apelación interpuesto contra la calificación de pérdida de capacidad laboral, tampoco hizo alusión a una posible afectación al mínimo vital. (…) Corolario de las precisiones dadas en esta instancia, la decisión a adoptar es la de REVOCAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, para en su lugar, denegar el amparo al derecho de petición por configurarse una carencia actual de objeto por hecho superado; y CONFIRMAR el numeral tercero de la parte resolutiva en cuanto no hay lugar a amparar el derecho fundamental a la seguridad social, conforme fue expuesto en la parte motiva.

MP: MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
FECHA: 12/05/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELA

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