HECHOS: La señora LEUP fue calificada por La Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen del 31 de marzo de 2022, estableció una PCL del 61.76%, con fecha de estructuración del 24 de septiembre de 2003. El 14 de junio de 2022 se radicó ante XXX S.A. la solicitud de pensión de invalidez, pero le manifestaron que la solicitud había sido rechazada por no contar con 50 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín declaró que la señora LEUP le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 24 de septiembre de 2003, fecha de estructuración de su estado de invalidez, a cargo de XXX S.A. El Conflicto Jurídico radica en verificar i) Si la señora LEUP se encontraba válidamente afiliada a XXX S.A. ii) Si el Municipio de XXX incurrió en mora en el pago de aportes pensionales o existió omisión en la afiliación iii) ¿A quién le compete el reconocimiento pensional, sí a la AFP XXX S.A. o al ex empleador Municipio de XXX ? iv) ¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios? v) ¿Opera la excepción de prescripción frente al retroactivo generado por concepto de pensión de invalidez? Y vi) ¿Es procedente la compensación propuesta por XXX S.A.?
TÉSIS: El sentido del fallo de esta Corporación será parcialmente revocatorio, modificatorio y confirmatorio por las razones siguientes: (…) Precisamente, ese lapso de tiempo del 29 de junio de 1995 hasta el 13 de diciembre de 2001 es lo que está en discusión, dado que, sería el tiempo con el cual eventualmente le permite a la señora LEUP causar el derecho a la pensión de invalidez, pues la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través de dictamen No XXX del 31 de marzo de 2022 emitió calificación de PCL del 61.76% de origen común y con fecha de estructuración del 24 de septiembre de 2003. De allí que, la defensiva de la AFP XXX S.A. está dirigida a que la responsabilidad, carga u obligación frente al reconocimiento pensional se fije en el Municipio de XXX, dado que no hizo los aportes pensionales a partir del 29 de junio de 1995. Por su parte, el cognoscente de instancia concluyó que la entidad territorial debía responder por ese periodo de tiempo laborado a través del cálculo actuarial, y que la responsabilidad respecto del reconocimiento de la pensión de invalidez estaba a cargo de la AFP XXX S.A. Para resolver el punto en lo atinente a quién le asiste la razón, se acude a los lineamientos trazados por la jurisprudencia laboral, la que ha sido pacífica y reiterativa al señalar que debe diferenciarse entre la mora patronal y la falta de afiliación, ya que dependiendo de una u otra figura se desprende la responsabilidad y/o obligación de quién debe asumir la prestación, esto es, bien sea el empleador o la entidad de seguridad social. La primera, surge cuando el patrono afilió al trabajador a la administradora, pero deja de cancelar las cotizaciones, y ante la omisión del fondo de adelantar las gestiones, se ha impuesto a este último la obligación de asumir el pago de las acreencias derivadas de los riesgos. Es claro que, conforme lo expuesto en precedencia, esta figura no es la que aconteció en el caso objeto de estudio. En cambio, la segunda, ocurre cuando el patrono no afilió o no reportó la novedad de ingreso a la administradora de pensiones, y en vigencia del nexo, o incluso, luego de que este hubiere finalizado, ocurre el siniestro generador de la pensión, como lo es la muerte; en este evento, es sobre el empleador que recae el deber de asumir la prestación, pues no se puede perder el derecho por la incuria de quien estaba obligado a aportar al sistema. (…) Con los anteriores basamentos jurídicos y jurisprudenciales, advierte la Sala que, la razón está del lado del cognoscente de instancia, pues de lo que viene de decirse, se aprecia que la señora LEUP, quien sólo laboró para el Municipio de XXX como auxiliar administrativa, desde el 18 de agosto de 1992 hasta el 13 de diciembre de 2001, se afilió a XXX S.A. el 28 de junio de 1995, como se constata de la “relación Histórica de Movimientos” y el formulario de vinculación, aparte de que el referido ente territorial por solicitud de la AFP XXX S.A. reconoció el bono pensional por el periodo anterior a la afiliación en el RAIS. Estos elementos persuasivos llevan a la Sala al pleno convencimiento de que no estamos ante un caso de omisión en la afiliación por parte del empleador, sino ante una evidente mora patronal. Así mismo, la tesis de XXX S.A. referida a que, al no existir cotizaciones con posterioridad al 29 de junio de 1995 no lo hace responsable de la prestación, no es de recibido, dado que, de conformidad con el artículo 13 y 14 del Decreto 692 de 1994, la “afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones”. Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente. Lo anterior para educir que, XXX S.A. no rechazó la afiliación de la señora LEUP en los términos legales, ni nada dijo en su momento frente al incumplimiento de aspectos formales, es más, asumió como válida la afiliación al hacer el trámite del bono pensional del tiempo anterior al 28 de junio de 1995, lo que implica que no puede ahora en procura de desligarse de una obligación legal, desconocer la validez de una actuación administrativa de vinculación al RAIS; por el contrario, lo que se evidencia es que XXX S.A. no cumplió con sus deberes como administradora de pensiones frente a la afiliada y su empleador, pues haciendo eco de los predicamentos vertidos en la sentencia SL1922-2022, que colacionó las sentencias SL14236-2015 y SL861-2021, para sostener que “dada la naturaleza de servicio público de la seguridad social cuya administración tienen a su cargo, estas no pueden asumir una actitud pasiva y beneficiarse de ella, en detrimento de los derechos de los interesados a la seguridad social. (…)”. (…) Así las cosas, en lo que se refiere a la eventual obligación de XX S.A. de asumir la prestación económica de invalidez reclamada, habrá de decirse que la decisión de instancia se ajusta a derecho, pues al haberse dejado sentado que la validez de la afiliación a XXX S.A. que hiciere en su momento la señora LEUP para que recibiera los aportes del Municipio de XXX, de suyo es que, ante el incumplimiento de las gestiones de cobro por parte de XXX S.A. frente al empleador moroso, debe asumir como administradora la obligación del eventual reconocimiento de la prestación económica reclamada. Pensión de invalidez de origen común – densidad mínima de cotizaciones: (…) En el sub examine, una vez revisada la historia laboral de cotizaciones al sistema general de pensiones, se tiene que para el 24 de septiembre de 2003 la señora LEUP no se encontraba cotizando al sistema, pues el retiro con su empleador Municipio de XXX aconteció el 13 de diciembre de 2001, razón por la cual, debe acreditarse 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento de producirse el estado de invalidez, siendo que entre el 24 de septiembre de 2003 hasta el 24 de septiembre de 2002, no cuenta con semanas cotizadas, es decir, no cumple el requisito de semanas cotizadas exigido por la norma en cita. Bajo ese horizonte, en línea de principio ello conllevaría a denegar el derecho pretendido; no obstante, no puede dejarse de lado que en el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se aprecia que los diagnósticos calificados son “Epilepsia”, “Otras anormalidades de la marcha y de la movilidad y las no especificadas”, y “Trastorno afectivo bipolar, no especificado”, patologías que están clasificadas en el referido dictamen como enfermedades degenerativas y progresivas. Así las cosas, la Sala se adentrará en el estudio del reconocimiento pensional en tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas. (…) “(…) En síntesis, en dicha decisión la Corte Constitucional, validó tener en cuenta la fecha de calificación de la invalidez, la fecha de solicitud del reconocimiento pensional o, incluso, la data de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo y proveerse por sí mismo del sustento económico, decisión que, en todo caso, debe fundamentarse en criterios razonables, previo análisis de la situación en particular y en garantía de los derechos del peticionario”.(…) El otro aspecto del que hace alusión la Corte Constitucional como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es verificar si puede presentarse fraude al sistema en casos como los en que sólo se cotiza el tiempo correspondiente para causar la prestación económica instada; no obstante, en el sub examine ha de tenerse en cuenta que los episodios en la salud mental del actor datan desde aproximadamente los 16 años de edad de la reclamante, esto es, aproximadamente en el año 1982 por haber nacido en el año de 1966, y a pesar de ello, fue productiva desde el 18 de agosto de 1992 hasta el 13 de diciembre de 2001, cotizando un total de 486.92 semanas más, dicho de otra manera, efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones desde el 18 de agosto de 1992, es decir, desde los 26 años de edad, y hasta el 13 de diciembre de 2001, es decir, hasta los 35 años de edad, tiempo que cotizó de manera continua para el Municipio de XXX, acumulando en total 486.92 semanas, densidad cotizacional de la que, de ninguna manera, se desprende la intención de defraudar el sistema. (…) Cálculo actuarial o pago de aportes con intereses Moratorios: (…) Para resolver adecuadamente el meollo del asunto, debe decirse que el cálculo actuarial es procedente cuando se trata de una falta de afiliación u omisión de afiliación por parte del empleador, como se desprende de las previsiones legales contenidas en el artículo 1° del Decreto 1887 de 1994 y en el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, en el caso de autos no se trata de omisión de la afiliación sino de mora patronal, es decir, que existe una afiliación a XXX S.A. con “fecha de efectividad” del 28 de junio de 1996, sin que se evidencien cotizaciones o aportes por el Municipio de XXX correspondientes al periodo del 29 de junio de 1995 hasta el 13 de diciembre de 2001, pues ello era una obligación legal prevista en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994 y que debía asumir.(…) Por otra parte, en lo tocante al porcentaje que debe cubrir el empleador y el trabajador, cumple relievar que el Municipio de XXX no cumplió con su obligación de cotizar en favor de la accionante y de manera oportuna al Sistema General de Pensiones, razón por la cual, es el susodicho ente territorial el que debe de asumir la totalidad de aquellos aportes. (…) Ahora bien, la AFP XXX S.A. aduce que se debe estudiar la excepción de prescripción, en la medida en que existen varias fechas de estructuración de la invalidez; empero, considera la Sala que, ninguna de las mesadas se encuentran afectas por el fenómeno jurídico de la prescripción, pues en materia de pensión de invalidez, ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que “el plazo prescriptivo de la acción tendiente al pago de la pensión de invalidez, que no de su reconocimiento pues ella es imprescriptible, se insiste, empieza a correr desde que el afectado ha tenido ‘conocimiento acabado’ de su estado de invalidez laboral,(…) Compensación: (…) En este asunto, como el juez de instancia ordenó que se compense del retroactivo lo que la AFP le haya pagado por concepto de mesadas pensionales en cumplimiento de la orden del juez constitucional, debe decirse que, la decisión será confirmada, pues a pesar de que la AFP XXX S.A. no demostró que haya pagado o reconocido algún valor en cumplimiento de la acción de tutela, no es menos cierto que la orden dada en la presente providencia es condicional, es decir, siempre y cuando la AFP haya reconocido algún concepto a la beneficiaria de la pensión de invalidez, razón por la cual, en el evento en que la AFP XXX S.A. al momento de cumplir con la presente sentencia no acredite el haber sufragado alguna mesada pensional en favor de la señora LEUP, de suyo es que, no puede realizar ninguna deducción o compensación del retroactivo ordenado en la primera instancia. (…)
MP: VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
FECHA: 30/06/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA
SALVAMENTO DE VOTO: MARICELA CRISTINA NATERA MOLINA
Descargar