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HECHOS: Solicitó la parte actora se declarara la nulidad del dictamen del 5 de abril de 2017 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó su patología como de origen común; que, como consecuencia de ello y del dictamen emitido por la IPS Universitaria, se declare que padece una incapacidad permanente parcial por enfermedad de origen laboral estructurada el 25 de abril de 2012, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 21.40%; y que, en virtud de lo anterior, se condene a la citada ARL al reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial, junto con la indexación. En sentencia de primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, resolvió negar las pretensiones incoadas por la parte actora. Debe la sala determinar si la pérdida de la capacidad laboral establecida respecto de Martha Olga Arcila Rodríguez en razón a una epicondilitis medial derecha tenía origen laboral como lo reclama la recurrente, o si su génesis era común, tal como lo concluyó la a quo.

TESIS: (…) En primer lugar, debe precisarse que la pretensión de nulidad formulada respecto del dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no puede prosperar por el solo hecho de que la demandante discrepe de sus conclusiones. (…) En ese contexto, la Sala encuentra acreditado que la demandante desempeñó labores de aseo y servicios generales en la Institución Universitaria de Envigado y que estas comprendían actividades que exigían la utilización de los miembros superiores. Sin embargo, la sola naturaleza manual de tales funciones, o el hecho de que se hubieran desarrollado durante varios años, no permite concluir automáticamente que la patología diagnosticada tuvo origen laboral. Para establecer esa relación es necesario examinar las condiciones concretas de ejecución de las tareas, la frecuencia e intensidad de los movimientos, los requerimientos de fuerza y las posturas adoptadas, así como su correspondencia con la afección objeto de calificación. Precisamente, el estudio del puesto de trabajo constituye una prueba relevante para ese propósito, pues describió las distintas funciones asignadas a la demandante y la proporción de la jornada destinada a cada una. Según ese documento, las labores comprendían barrido, trapeado, limpieza de superficies y baños, preparación de bebidas y traslado de correspondencia, entre otras. También contempló la atención de requerimientos ocasionales, como el movimiento de mobiliario. Esa diversidad funcional fue el fundamento para que los profesionales que declararon en el proceso explicaran que no se evidenciaba una ejecución continua de movimientos sobre la articulación afectada ni una manipulación de cargas con intensidad suficiente para establecer el riesgo ergonómico alegado. La apoderada de la demandante cuestionó que dicho estudio se hubiera realizado en julio de 2016, cuando su representada había dejado de trabajar para la institución educativa. No obstante, esa circunstancia, por sí sola, no desvirtúa su contenido, pues el informe estuvo dirigido a describir y analizar las actividades correspondientes al cargo desempeñado. Lo determinante es establecer si la información allí consignada permite reconstruir razonablemente las condiciones de trabajo relevantes para la controversia. (…) Ahora bien, la Sala no desconoce que el dictamen particular aportado por la demandante concluyó que la enfermedad era de origen laboral, ni que la Junta Regional había llegado inicialmente a la misma determinación. Sin embargo, la existencia de conceptos técnicos divergentes exige examinar sus fundamentos y establecer cuál ofrece mayor poder de convicción a la luz del conjunto probatorio. En la contradicción de su dictamen, el médico JWVA explicó que tomó en consideración las labores de aseo y limpieza y los movimientos que estas comportaban, pero reconoció que no contaba con información precisa sobre el peso de los elementos que la trabajadora movilizaba. Tampoco individualizó mediciones que permitieran determinar la intensidad y frecuencia de la exposición en las condiciones concretas del puesto de trabajo. De esta manera, aunque su concepto identificó posibles factores de riesgo asociados a las tareas descritas, no logró explicar de forma suficientemente específica cómo se presentaban estos con la intensidad requerida para atribuirles la patología. En contraste, el dictamen de la Junta Nacional no se limitó a desconocer el diagnóstico clínico, sino que examinó la relación entre la enfermedad y las condiciones ocupacionales descritas en el estudio del puesto de trabajo. Su conclusión fue consistente con las explicaciones ofrecidas en audiencia acerca de la alternancia de las actividades y la ausencia de evidencia suficiente sobre repetitividad, fuerza o posturas forzadas de intensidad relevante. La Sala encuentra, por ello, que dicho concepto cuenta con mayor respaldo en los elementos objetivos allegados al proceso que la conclusión del dictamen particular, cuyo razonamiento se apoyó principalmente en las características generales de las labores desempeñadas. Tampoco resulta suficiente, para acreditar el origen laboral, que la patología se hubiera diagnosticado durante el período en que la demandante desarrollaba labores de aseo, ni que persistiera en una valoración posterior. La ecografía de 25 de abril de 2012 permite establecer la existencia del diagnóstico para esa época, pero no demuestra, que la enfermedad hubiera sido causada por las actividades laborales. De igual forma, la persistencia de la afección documentada en 2018 no define su origen, pues ese dato clínico debe valorarse junto con la información relativa a la exposición ocupacional y los conceptos técnicos rendidos en el proceso. En suma, la Sala considera que la parte actora no logró desvirtuar las conclusiones de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez ni demostrar, con sustento técnico suficiente, que las condiciones concretas en que desarrolló sus labores generaran una exposición ergonómica causalmente relacionada con la epicondilitis medial derecha. En consecuencia, no hay fundamento para modificar la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones y tuvo por acertado el dictamen de la Junta Nacional. 

MP: JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS
FECHA: 29/10/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA

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