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TEMA: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. - Hija en situación de invalidez. La Sala cambia la decisión de primera instancia y reconoce el derecho a la sustitución pensional, al concluir que se acreditaron la invalidez al momento del fallecimiento del causante y la dependencia económica.

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    17 Noviembre 2026
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    TEMA: RETROACTIVO PENSIONAL. - La Sala concluye que la ineficacia del traslado impedía prescribir las mesadas reclamadas; reconoció el retroactivo y ajustó intereses e indexación.

HECHOS: Se afirma que la señora MADG es hija de MJDM quien se encontraba pensionado por XXX, y falleció el 05 de noviembre de 1983. Dicha empresa le reconoció la sustitución pensional a través de resolución No XXX del 31 de enero de 1984 a la señora MCG, madre de la actora, en calidad de cónyuge supérstite, quien posteriormente falleció el 29 de diciembre de 2017. El 29 de agosto de 2018 se hizo calificar por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la que a través de dictamen No XXX del 2019 procedió a establecer una PCL del 60% con fecha de estructuración del 02 de marzo de 2013; no obstante, como cuenta con otro dictamen que establecía como fecha de estructuración en el año 2002, procedió a solicitar aclaración del dictamen ante la referida entidad de calificación. Acudió a XXX a reclamar la sustitución pensional, pero dicha entidad la negó bajo el argumento de que para la fecha de fallecimiento de su progenitor no se encontraba discapacitada, decisión sobre la cual no se interpuso recursos. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín declaró probada la excepción de condición de invalidez posterior a la muerte del causante. El Conflicto Jurídico radica en verificar i) Si MADG en calidad de hija en situación de invalidez, reúne los requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes causada por el señor MJDM y, en caso positivo (ii) ¿En qué proporción y a partir de qué fecha? (iii) Si hay lugar a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación.

TÉSIS: El sentido del fallo de esta Corporación será revocatorio por las siguientes razones: (…) Acreditado como está, que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar que del contenido del artículo 1° de la Ley 33 de 1973 y el artículo 1° y 3° del Decreto 690 de 1974, cuando el beneficiario sea un hijo en condición de invalidez, debe acreditar el estado de invalidez y la dependencia económica respecto del progenitor. Conforme a lo anterior, pasa la Sala a escrutar si la reclamante cumple con las exigencias legales para acceder a la pensión de sobrevivientes deprecada, para lo cual será menester agotar el análisis de los siguientes ítems: (…) Estado de invalidez: En lo que respecta a este tópico, conviene poner de presente que para la época se predicaba la invalidez de una persona en los términos del artículo 61 del Decreto 1848 de 1969, el cual, define que “se considera inválido el empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado ordinariamente. En consecuencia, no se considera inválido el empleado oficial que solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento (75%)”. (…) Descendiendo al caso de marras, considera la Sala que el intríngulis del asunto objeto de estudio se encuentra en definir el cumplimiento o no de este requisito. (…) La juzgadora de instancia aseveró que la invalidez que padece la actora fue declarada y estructurada con posterioridad al fallecimiento del causante, y como sostén probatorio de tal consideración se encuentra el memorando de fecha 09 de diciembre de 1983, en el que el doctor BCM del Departamento Médico de XXX expresó que la señora MADG “No está impedida para estudiar o trabajar y sólo requiere buen control y seguimiento médico, que aseguren la abolición en alto grado de su crisis”. De modo que, sí la Sala tuviera en cuenta tal documento, la conclusión a la que se llegaría sería idéntica a la que arribó la juzgadora de instancia; empero, resulta imperioso recordar que en materia de seguridad social “No debe olvidarse que la legislación de la seguridad social también «se edifica sobre realidades y verdades»”. En ese sentido, a pesar de que en el proceso obre dicho memorando, en la cual genéricamente se hace referencia a que la actora “no está impedida para estudiar o trabajar”, y que bajo ese parámetro se descarte la invalidez, aunque del mismo documento se desprenda que la actora sufre “epilepsia, sin tratamiento a decisión de la paciente”, lo que implica escudriñar aún más tal situación. Así, se tiene que la parte actora con la demanda aneja una comunicación interna de MEDICINA LABORAL del ISS, fechada el 06 de mayo de 1985 en la que se consigna que MADG “presenta convulsiones desde los 11 años de edad. A los RX calcificaciones intracerebrales; EEG anormal. Epilepsia incontrolada, lo que la convierte en invalida”. En ese orden, existe una disyuntiva respecto del estado de invalidez de la actora, dado que, mientras XXX en el año de 1983 consideró que el diagnóstico de epilepsia que sufre la demandante no la colocaba en situación de invalidez. (…) Igualmente, en el presente proceso se escuchó a JAC, REA y GDG, quienes relataron de manera coherente y espontánea la difícil situación de salud que afrontó la actora desde su niñez. El señor JAG refirió que es allegado a la familia, incluso dijo que “nos criamos juntos” “vivimos en el mismo barrio” y es el esposo de una hermana de la demandante, y bajo ese contexto manifestó que la demandante sufre de epilepsia desde que “ella estaba estudiando, ella estaba haciendo primaria”, y estudió hasta quinto de primaria “por su enfermedad que no le permitió estudiar más”. (…) El señor GDG, hermano de la actora, expuso que “resultó con ese problema de los ataques estando muy joven”, “estaba en primaria”, “por ahí de 10, 11 añitos empezó a sufrir ataques”, y por ello, solo pudo estudiar hasta quinto de primaria, “porque a ella le cogieron esos ataques y eran muy repetitivos, …quedaba sin fuerza, eso le tenía uno que meter la lengua, porque ahí me tocó asistirla, ayudarla a tener, porque unas convulsiones muy fuertes, ….entonces, consecutivamente le daban los ataques”. De modo que, sin asomo de duda puede concluirse que la señora MADG para la data en que falleció su padre MJD ostentaba la calidad de persona inválida conforme lo estableció en su momento el ISS el 06 de mayo de 1985, cuando concluyó que la actora padece de una epilepsia incontrolada que “la convierte en invalida”, pues las probanzas a las que se hizo referencia con antecedencia reflejan que la señora MADG padece de la enfermedad crónica de epilepsia desde su infancia, desde aproximadamente los 11 años, esto es, desde el 11 abril de 1964, si se tiene en cuenta que nació el mismo día y mes del año 1953, data para la cual su padre se encontraba con vida, y por lo tanto, para cuando él falleció (05 de noviembre de 1983), la actora contaba con 32 años, sin que milite prueba en el plenario denotativa que su estado de salud le hubiere permitido estudiar o trabajar; por el contrario, de las probanzas a las que se hizo relación en precedencia, refulge que debido a su enfermedad “ella permanece en su casa y no trabaja”, de allí que, aplicando las disposiciones legales de la seguridad social de la época, el concepto médico emitido por el Departamento Médico de XXX datado el 09 de diciembre de 1983, no refleja las «realidades y verdades» del estado de salud de la actora para esa época. (…) Dependencia económica: Así, con miras a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso, debe comenzar por precisar la Sala que, en el presente asunto, dicho requisito se encuentra acreditado, pues como se explicó en líneas anteriores, la actora sufre de la enfermedad crónica epilepsia no controlada, por cuyas consecuencias ha requerido desde su infancia acompañamiento y ayuda de terceras personas, y tal como lo sostuvo su hermano GDG, dado que los “ataques” de epilepsia fueron desde niña “económicamente dependía de mi padre, que era el que laboraba en ese tiempo”, “ella desde muy niña siempre dependió de mi papá, mi papá falleció y ya mi mamá fue la que siguió con ella, pero en ningún momento ella laboró, ni hizo algún curso, ni nada de esas cosas”. (…) De la prueba recabada en el plenario, no resulta un escollo infranqueable inferir que el sostén económico del grupo familiar provenía de la pensión que percibía el señor MJDM, allende de que atendiendo a la difícil situación de salud de la actora, no se escolarizó, ni tampoco resulta lógico inferir que haya sido independiente económicamente, si en cuenta se tiene que las consecuencias de la enfermedad que padece la pretensora desde su infancia la han hecho una persona dependiente de manera permanente de su hermana mayor para solventar todos los aspectos esenciales como su cuidado personal. (…) Respecto del quantum pensional: (…) Así las cosas, como la señora MADG, acreditó ser beneficiaria de la prestación, en línea de principio le correspondería el 50% de la prestación, en calidad de hija en situación de invalidez y dependiente económicamente de su padre MJDM a partir del 05 de noviembre de 1983; no obstante, como la prestación fue reconocida a su progenitora en calidad de cónyuge supérstite, la que se otorgó hasta el 29 de diciembre de 2017, cuando dejó de ser beneficiaria dado su fallecimiento, habrá de hacer las siguientes consideraciones al respecto. Retroactivo causado: (…) En ese orden de ideas, puede afirmarse que el reconocimiento pensional a la actora se debe hacer efectivo desde el 30 de diciembre de 2017, en la medida en que, antes de esa calenda el 100% de la prestación venía siendo reconocida a la madre, aparte, tal como lo refirieron los testigos, en especial el hermano de la accionante, el sustento económico de la demandante se provenía de la sustitución pensional que recibía la señora MCG. Adicionalmente, del hecho décimo tercero de la demanda se extrae que la demandante “durante toda su vida, siempre dependió económicamente de su padre el señor MJDM, y después del fallecimiento de este, dependió de su madre por la pensión que devengaba por la muerte de su padre”. De allí que, buscar una solución diferente conllevaría a generar en XXX un doble pago de la prestación económica, o dicho de otra manera, es lo cierto que la demandante se benefició de la prestación económica que le fue reconocida a su progenitora en un 100%, y por ende, establecer el reconocimiento pensional en una fecha anterior al 30 de diciembre de 2017 equivaldría a imponer una carga económica a la entidad demandada que no se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales atrás aludidos. Así las cosas, considera la Sala que el camino más acertado para dirimir el meollo del asunto litigioso es el de reconocer la sustitución pensional a partir del 30 de diciembre de 2017, pues las mesadas causadas con anterioridad le fueron reconocidas a su progenitora, y de ese monto, ciertamente se benefició la demandante, con lo cual se produjo el efecto liberatorio de dicha obligación a cargo de EMP. (…) Intereses moratorios: considera la Sala que la negativa pensional por parte de XXX en sede administrativa se ciñó a la aplicación minuciosa de la ley, en este caso, porque había justificada incertidumbre de la situación de invalidez de la pretensora, aspecto que se vino a decantar a través del presente proceso judicial, y es por todo ello que, a juicio de la Sala, al advenir el reconocimiento pretenso con el prohíjo de la jurisprudencia laboral esbozada atrás y a través de este proceso judicial, logra determinarse la improcedencia de la imposición de intereses moratorios a cargo de la entidad de seguridad social accionada. Indexación: Esta Colegiatura ordenará la indexación, por razón de la mengua de la condena impuesta ante el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, misma que debe ser asumida por quien debe realizar el pago, en este caso, XXX, sin que sea dable analizar su proceder de buena o mala fe en el presente asunto, debido a que la actualización de las condenas en dinero no es una sanción al debitor, sino un mecanismo para resarcir al acreedor por la pérdida de la depreciación monetaria.


MP: VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
FECHA: 15/09/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA

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