05001310500220240001901
- Detalles
- Laboral
- 17 Noviembre 2026
- 26
TEMA: RETROACTIVO PENSIONAL. - La Sala concluye que la ineficacia del traslado impedía prescribir las mesadas reclamadas; reconoció el retroactivo y ajustó intereses e indexación.

TEMA: INSUFICIENCIA PROBATORIA CAUTELAR. - Apelación de auto niega medida cautelar – No se cumple los requisitos de procedencia – Carencia de prueba efectiva. La Sala confirmó la negativa de las medidas cautelares: la venta de un inmueble, por sí sola, no probó que la empresa estuviera ocultando bienes, actuando fraudulentamente o poniendo en riesgo el cumplimiento de una eventual sentencia.
TEMA: RETROACTIVO PENSIONAL. - La Sala concluye que la ineficacia del traslado impedía prescribir las mesadas reclamadas; reconoció el retroactivo y ajustó intereses e indexación.
HECHOS: Se expuso que la actora laboró como secretaria y auxiliar contable para la demandada desde el 21 de octubre de 2000 hasta el 10 de agosto de 2022, mediante contrato a término indefinido. Tras casi 22 años de servicio, la trabajadora se vio obligada a presentar su renuncia motivada debido a un entorno sistemático de acoso laboral y al incumplimiento de las obligaciones patronales. Finalmente, la empresa suspendió por completo el pago de sus salarios a partir del 30 de junio de 2022. Como consecuencia directa del presunto acoso laboral, anotó que la trabajadora fue diagnosticada con un Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión, requiriendo cinco incapacidades y tratamiento psiquiátrico. El Juzgado Ventidos Laboral del Circuito de Medellín decretó las pruebas documentales solicitadas por cada una de las partes, y procedió a emitir la decisión correspondiente en el sentido de negar las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. El Conflicto Jurídico radica en verificar si el cognoscente de primera instancia incurrió o no en error al negar las medidas cautelares de imposición de caución del 50% del valor de las pretensiones, y de levantamiento del velo corporativo, bajo el argumento de no cumplir con la carga de la prueba frente a los requisitos de procedencia, o si, por el contrario, se demuestra que concurren razones suficientes para decretar las medidas cautelares perseguidas.
TÉSIS: (…) En forma preliminar, cumple advertir que, el artículo 85A del CPTYSS, respecto de las medidas cautelares en proceso ordinario consagra: “Artículo 85A. Medida cautelar en proceso ordinario. Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. (…)”. (…) No obstante, para decretar dicha medida cautelar, se debe obrar de una manera cauta, por cuanto la naturaleza de la misma impone en este caso, al demandado, con anterioridad al proferimiento de la sentencia, cargas capaces de restringir sus derechos. Por tanto, la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medida cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados. Requisitos tales como, demostrar la existencia de actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. De otra parte, se analizará la solicitud teniendo en cuenta la necesidad, efectividad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar. (…) Descendiendo al sub examine se tiene que, se encuentra plenamente acreditado que el demandante aportó el certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria N° 008-XXX para demostrar la procedencia de su petición. Dicho inmueble, se encuentra ubicado en la vereda XXX del municipio de Apartadó y tiene una extensión de 195 hectáreas ó 3.801 metros cuadrados, predio inscrito originalmente a nombre de XXX Ltda (27 de julio de 2009). Posteriormente, el 100% del derecho de propiedad fue enajenado a XXX S.A.S. mediante tres escrituras del 15 y 18 de septiembre de 2026. (…) De igual manera, no existe duda que la empresa XXX S.A.S. cuenta con matrícula mercantil en la Cámara de Comercio del XXX actualizado al 29 de noviembre de 2024, donde se registra que se constituyó el 04 de agosto de 2023, como una microempresa, siendo su representante legal el señor HAMV. Así mismo, del certificado de existencia y representación legal de la sociedad antes mencionada actualizado a la misma fecha, se destacó que la sociedad tiene su domicilio en Rionegro, que su objeto principal es “La promoción, venta y mercadeo, arrendamiento de proyectos inmobiliarios, venta, compra y arrendamiento para vivienda, oficina y centros comerciales”, contando con su capital autorizado, suscrito y pagado de $10´000.000, teniendo ingresos por actividad ordinaria de $0. Como colofón de lo dicho, ha de resaltarse que del certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada XXX S.A.S. actualizado al 09 de febrero de 2026, se puede extraer que dicho ente societario se constituyó en el año 1991, con domicilio en Apartado – Antioquia, que no se encuentra disuelta y su duración es indefinida, con un capital registrado autorizado, suscrito y pagado de $910´000.000, teniendo ingresos por actividad ordinaria de $131.948.000, y donde figura como representante legal y gerente la señora YSM, siendo que la empresa está registrada como una micro empresa. Del material probatorio arrimado al plenario se concluye que le asiste entera razón al a quo al negar la medida cautelar prevista en el artículo 85A del CPTSS. En efecto, la parte actora no logró demostrar que la sociedad demandada haya desplegado conductas tendientes a insolventarse o a eludir la efectividad de una eventual sentencia condenatoria. Si bien se acreditó la enajenación de un bien inmueble de su propiedad por la suma de $2.400.000.000, tal negocio jurídico no resulta per se idóneo para estructurar la cautela, por cuanto no se probó un ánimo defraudatorio frente a la demandante o a terceros, ni que dicha transferencia se hubiese verificado entre partes con vínculos de consanguinidad o afinidad. (…) tampoco resulta procedente el decreto de la medida cautelar innominada orientada al levantamiento del velo corporativo, toda vez que dicha pretensión es sustancialmente ajena a la órbita de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. La declaración de desestimación de la personalidad jurídica, junto con las acciones de responsabilidad indemnizatoria derivadas de actos defraudatorios, configuran asuntos atribuidos por el legislador a los jueces civiles, o bien, a la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales dentro de su ámbito funcional. Pese a lo anterior, como la Corte Constitucional permitió que en materia laboral se aplicara cualquier otra medida que se encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión; se hace necesario revisar si la parte actora cumplió con los requisitos de procedibilidad que contiene el artículo 590 del CGP, particularmente en lo que concierne a la apariencia de buen derecho y al peligro en la demora, advirtiéndose frente al caso concreto lo siguiente: 1. Legitimación o interés para actuar de las partes: Este requisito no ofrece reparo alguno. La parte actora goza de legitimación en la causa por activa, (…) 2. Existencia de la amenaza o la vulneración del derecho: Frente a este presupuesto procesal se echa de menos su acreditación.(…) 3. Apariencia de buen derecho: Este presupuesto se encuentra acreditado. (…) En efecto, el acervo documental arrimado por la activa, puntualmente la copia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, constituye un principio de prueba antecedente que dota de seriedad y fundada probabilidad a las pretensiones de la demanda, satisfaciendo así el estándar de acreditación prima facie exigido por la norma. 4. Necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida: Está insatisfecho. Advierte la Sala que la medida cautelar deprecada resulta a todas luces innecesaria. La viabilidad de este presupuesto normativo depende de la existencia de un riesgo cierto que mitigar; sin embargo, al no obrar evidencia de que la sociedad realice actos de ocultamiento o alzamiento de bienes o atraviese por dificultades financieras que comprometan su liquidez, el mecanismo de protección pierde su razón de ser.
MP: VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
FECHA: 30/06/2026
PROVIDENCIA: AUTO