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HECHOS: El litigio tuvo origen en un negocio relacionado con una bodega comercial ubicada en Medellín. El 29 de septiembre de 2023, PAGG suscribió los pagarés n.° 001 y 002 por valores iniciales de $1.000.000.000 y $100.000.000, respectivamente, en favor de los demandantes. Para garantizar las obligaciones se constituyó hipoteca abierta de primer grado y sin límite de cuantía sobre el inmueble. Los demandantes afirmaron haber recibido las cuotas hasta febrero de 2024. Ante el posterior incumplimiento hicieron uso de la cláusula aceleratoria y promovieron la ejecución. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó las excepciones, ordenó continuar la ejecución conforme al mandamiento de pago y condenó en costas al demandado. Por tato los problemas jurídicos a resolver se centran en determinar si puede el juez de segunda instancia revisar oficiosamente la suficiencia formal y sustancial del título ejecutivo, aun cuando el asunto no haya sido planteado específicamente en los reparos de apelación. También si el pagaré n.° 002 constituía una operación ilícita de anatocismo o doble cobro de intereses. Si la modificación de plazos de pago y la constitución de nuevas garantías mediante otrosí configuraron novación de las obligaciones originalmente pactadas. Revisar si la estructura de cuotas fijas del pagaré n.° 001 incorporó intereses superiores a los máximos legales y, de ser así, cuáles eran las consecuencias respecto del saldo ejecutado y de los intereses efectivamente percibidos. También si es jurídicamente procedente cobrar intereses moratorios sobre el componente de intereses remuneratorios incorporado en las cuotas cuando no concurren los presupuestos del artículo 886 del Código de Comercio y desde qué momento deben imputarse a la obligación las sumas depositadas judicialmente durante el trámite ejecutivo.

TESIS: (…) se desprende que los documentos aportados para el cobro se ajustan a los requisitos que impone el legislador para conferirles la calidad de título valor y prestar mérito ejecutivo. (…) De acuerdo con la sentencia, en Colombia los fenómenos de capitalización de intereses y de cobro de intereses sobre intereses son permitidos por el art. 886 del C. Co., norma aplicable a este proceso, por cuanto el negocio causal que derivó en la creación de los pagarés 001 y 002 ostentaba esa calidad. Frente a esa conclusión se alzó PAGG indicando que en Colombia había una prohibición absoluta de cobro de intereses sobre intereses contenida en el  art. 2235 del C.C. y que dicha norma formaba parte del orden público económico del país. El reproche tiene un yerro técnico que impide definirlo de fondo, y es que no se atacaron los razonamientos que llevaron al juzgado a delimitar que la controversia era comercial, y que a esta se aplicaba el art. 886 del C. Co.  Dicho de otra manera, para el ejecutado el negocio era civil y regulado por el art. 2235 del C.C., pero no explicó las razones por las que el juzgado erró en considerar que el negocio causal que dio origen a los pagarés era comercial. Sin derrumbar el razonamiento que usó el juzgado para delimitar la inaplicabilidad del art. 2235 del C.C., y la pertinencia del art. 886 del C. Co. todo ataque cae en el vacío (…) implica que el pagaré 002 cuenta con una causa lícita, por haber nacido como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes en el marco de un negocio jurídico, esto es, el contrato de promesa de compraventa de la bodega 887 y su otrosí nro. 2, y conforme a lo dictaminado por el juzgado ese acuerdo se puede encuadrar bajo los supuestos del art. 886 del C. Co. (…) Teniendo en cuenta que, la tesis del apelante parte de un entendimiento errado de lo plasmado en la sentencia, esta no se constituye en un reparo concreto frente a un tema de la providencia, sino un ejercicio imaginativo de un escenario no contenido en el proceso, el cual excede el marco decisorio del tribunal, toda vez que «Apelar no es ensayar argumentos disímiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada» (SC10223-2014)(…) Para que haya novación, según lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, se requiere: a) Existencia de una obligación […]; b) Capacidad jurídica y de obrar acreedor y deudor […]; c) Clara voluntad mutua de extinguir la obligación existente para reemplazarla por una nueva que difiere de la anterior […]; y d) Variación sustancial por causa, objeto y/o sujetos del deber existente. (…) Al contrastar la promesa de compraventa de la bodega 887, con sus tres otrosíes no se advierte que en ninguno de ellos se haya decidido cambiar o mutar las obligaciones dinerarias de PAGG sino solamente modificar los plazos para el pago y otorgar como garantía personal dos pagarés, y como garantía real una hipoteca. (…)
Un punto importante de este otrosí es que mantuvo la deuda de GG en un total de $3.900.000.000. Solamente se cambiaron los plazos para su cumplimiento y condonaron los retrasos en los pagos del plan inicial establecido. (…) ante una cláusula clara el juzgado, no pueda consultar o develar la verdadera intención de los contratantes, de haber otra no declarada, sino solamente que a falta de prueba en contrario se presume el escrito preciso como el verdadero. (…) En este caso, al revisar en forma conjunta el contrato y sus tres otrosíes se advierte que, en cuanto al precio de la transferencia de dominio de la bodega 887, hubo un acuerdo que se mantuvo incólume en el tiempo, el precio dado al inmueble fue de $3.900.000.000, en el otrosí nro. 1 se emitió carta de pago por el monto de $1.100.000.000 y en el otrosí nro. 2 se reconocieron pagos por valor de $2.000.000.000. Sobre el otrosí nro. 2, debe resaltarse que en este se dijo que estaba pendiente por cancelar un valor de $1.900.000.000, monto frente al que modificó el esquema de pago planteado en el otrosí nro. 1, pues se pasó de un pago en una sola cuota por el total del dinero a quince pagos, tres de $300.000.000 cada uno, y uno de $1.000.000.000 diferido en doce cuotas, y se pactó la constitución de una garantía personal, un pagaré, y una real, una hipoteca. (…) Al sumar los anteriores elementos de juicio, se advierte que en efecto el otrosí nro. 2 contiene una ambigüedad acerca del monto que debía pagar GG, pero que al aplicar los tres métodos de interpretación del art. 1622 del C.C. no puede otra cosa sino concluirse que en ese documento se acordó que el valor a ser incluido en el pagaré era de $1.000.000.000. Situación que no puede considerarse como novación por no evidenciarse la voluntad de extinguir la obligación inicial acordada en la promesa de contrato y refrendada en los tres otrosíes, y solamente haber hecho ampliación del plazo y el establecimiento de garantías personales y reales. (…)el cobro de intereses por encima de los límites legales (…) Debe anotarse que con la alteración que hizo el art. 111 de la Ley 510 de 1999 a la redacción del art. 884 del C. Co., el legislador estableció con claridad que el efecto de la pérdida de intereses incluye los moratorios y los remuneratorios, pero conforme a las condiciones del art. 72 de la Ley 45 de 1990, superando los vacíos evidenciados por la jurisprudencia. En ese sentido, se debe concluir que en la actualidad el fenómeno de usura tiene como presupuesto el cobro de intereses remuneratorios o moratorios en tasas superiores al máximo legal, a saber, una y media veces el interés bancario corriente conforme a lo prescrito por los arts. 884 del C. Co. y 305 del Código Penal (…) Como en este caso, el interés no se cobró con sustento en una tasa, sino se estableció en un monto fijo mensual, para poder saber si ese valor superó el máximo legal debe hacerse la liquidación del título en abstracto conforme a lo allí pactado para poder verificar si es necesario reajustar el valor de interés que quedó incluido en el pagaré 001. (…) Lo anterior implica que debe modificarse el mandamiento de pago para excluir los valores de intereses usurarios incluidos en la cuenta inicial del ejecutante cuando aceleró las cuotas de capital de marzo a septiembre de 2024 que los incluían. Como conclusión provisional frente al reparo de usura, se debe decir que los ejecutantes incurrieron en la figura jurídica reseñada al incluir dentro de capital acelerado intereses usurarios, que el juzgado de primera instancia hubiera detectado de haber hecho la rigurosa determinación aritmética del saldo por el que debía seguir la ejecución, que le exigieron ambas partes, y no haberla diferido para la liquidación del crédito. Por lo que hasta este momento esos dos reparos prosperarían parcialmente. (…) Lo anterior indica que, frente a las cuotas de capital de enero y febrero de 2024, hubo pagos por encima de los límites legales que requieren la imposición de la sanción del art. 72 de la Ley 45 de 1990. Mientras que en los períodos de octubre a diciembre de 2023 los intereses de plazo pactados y pagados por GG respecto del pagaré 001 siempre estuvieron bajo el límite de usura, y frente al pagaré 002 se mantuvieron dentro de los topes legales entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Por lo anterior, correspondería a los ejecutantes retornar al demandado las sumas de $1.718.901,76 y $1.840.230,43 dobladas, es decir los valores de $3.437.803,52 y $3.680.460,86. Sin embargo, como la naturaleza del proceso ejecutivo no permite ordenar «el reembolso de dineros a favor de los encartados y a cargo del extremo actor» (STC255-2020), más allá de la imposición de «condenas en costas y perjuicios, en caso de haberse causado» (STC, 23 ago. 2012, rad. 2012-00183), no podría ordenarse la devolución de esos dineros al ejecutado. (…) Como las obligaciones que GG tiene con los ejecutantes superan ampliamente el monto de las sanciones por  usura se dictamina que la solución más adecuada para este asunto es ordenar que, los valores de $3.437.803,52 y $3.680.460,86 impuestos en esta sentencia sean imputados a los créditos pendientes al momento de liquidar el crédito, teniendo como fecha de causación la notificación de esta decisión por ser el momento en que nacieron a la vida jurídica. (…) Teniendo en cuenta lo anterior, se debe ordenar seguir adelante con la ejecución, pero reformando el mandamiento de pago en lo relativo al pagaré 001 para ajustar las cifras dinerarias adeudadas por GG en la forma que apenas se expuso. 

MP: NATTAN NISIMBLAT MURILLO
FECHA: 26/10/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA

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