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HECHOS: El señor OEGJ presentó demanda ordinaria laboral en contra de INDUSTRIAL HULLERA S.A. EN LIQUIDACIÓN, COLTEJER S.A., FABRICATO S.A. y CEMENTOS ARGOS S.A., con el fin de: 1) Que se condene al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación desde el 11 de abril de 1997. 2) Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; o en subsidio la indexación. En sentencia de primera instancia, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, accedió favorablemente a las pretensiones de la demanda. Debe la sala determinar, en primer lugar, si el señor OEGJ acreditó los requisitos previstos en la convención colectiva de trabajo suscrita por INDUSTRIAL HULLERA S.A. para acceder a la pensión de jubilación reclamada, particularmente en lo relacionado con el tiempo de servicios, los oficios desempeñados y las condiciones en que desarrolló sus labores, o si, como sostienen las recurrentes, el juzgado reconoció la prestación a partir de una interpretación equivocada de la disposición convencional y de una valoración insuficiente de las pruebas. 

TESIS: (…) Para resolver el primer cuestionamiento planteado por los recurrentes, corresponde a la Sala establecer si el señor OEGJ reunió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional reclamada, particularmente, si además del tiempo de servicios acreditado, demostró haber desempeñado alguno de los oficios previstos y ejecutado labores bajo tierra en las condiciones señaladas en la convención colectiva de trabajo de INDUSTRIAL HULLERA S.A., aspectos sobre los cuales recae la inconformidad de las sociedades apelantes. (…) Para dilucidar lo anterior, debe acudirse a la convención colectiva de trabajo correspondiente al período 1993-1994, incorporada al expediente digital, cuyo capítulo XVII, denominado “Jubilaciones”, contiene las disposiciones relativas a los beneficios pensionales acordados entre INDUSTRIAL HULLERA S.A. y la organización sindical. En particular, el artículo 46 regula distintas situaciones relacionadas con el reconocimiento y la liquidación de la pensión de jubilación. Su inciso principal establece una regla para determinar la cuantía de la prestación de aquellos trabajadores que, reuniendo los requisitos para jubilarse, hubieran laborado la mayor parte del tiempo bajo el sistema de contrato y durante los últimos dos años a jornal. Por su parte, el parágrafo primero contempla una pensión proporcional para quienes, después de prestar más de quince años de servicios, quedaran total y definitivamente inhabilitados para toda clase de trabajo. En cuanto interesa al presente asunto, el parágrafo segundo establece: “PARAGRAFO 2º. - Los mecánicos, electricistas y cadeneros que presten o hubieren prestado sus servicios a la compañía durante veinte (20) años o más, continuos o discontinuos y hayan realizado, como mínimo el sesenta por ciento (60%) de sus labores continuas o discontinuas en los socavones de la mina, es decir, bajo tierra, tendrán derecho a la pensión jubilatoria, cualquiera que sea su edad. De la redacción de esta disposición se desprende que el beneficio no fue instituido de manera general para todos los trabajadores que completaran veinte años de servicios, sino para quienes, además de alcanzar esa antigüedad, hubieran desempeñado alguno de los oficios expresamente señalados y ejecutado sus labores bajo tierra en la proporción convenida. En efecto, la referencia a los mecánicos, electricistas y cadeneros delimita los destinatarios de la prestación, mientras que la exigencia de haber realizado al menos el 60% de las labores en socavones constituye una condición adicional relacionada con las circunstancias particulares en que debía ejecutarse el trabajo. Se trata entonces, de presupuestos concurrentes, cuyo cumplimiento debe examinarse de manera conjunta, sin que resulte admisible prescindir de alguno de ellos por el solo hecho de haberse acreditado el tiempo de servicios. (…) Por consiguiente, no resulta jurídicamente admisible aplicar el precepto en cuestión, prescindiendo en primera medida, de la condición relativa a las labores específicas que para las cuales dispone la prestación - mecánicos, electricistas y cadeneros que hubieran prestado servicios durante el periodo señalado y ejecutado sus labores bajo tierra – y combinar además los supuestos de quienes alcanzaron los veinte años de servicios previstos en el parágrafo segundo, con los cincuenta años de edad establecidos en el parágrafo tercero. Una interpretación semejante terminaría por configurar un supuesto pensional diferente a los expresamente establecidos en la convención colectiva. (…) En relación con el primero de estos requisitos, la certificación laboral únicamente registra que el actor se desempeñó como peón de mina, oficio que no corresponde a los de mecánico, electricista o cadenero que estipula la disposición convencional. Si bien la denominación formal del cargo no excluye necesariamente que un trabajador hubiera desarrollado materialmente funciones diferentes, lo cierto es que en este proceso no se acreditó que el demandante hubiera ejercido alguno de los oficios previstos para acceder al beneficio. A ello se suma una circunstancia igualmente determinante: no existe prueba que permita establecer que el actor hubiera ejecutado al menos el 60% de sus labores en los socavones de la mina, condición expresamente exigida por las partes de la negociación colectiva.  (…) Desde esta perspectiva, no se comparte la conclusión del juzgado, que consideró suficiente el cumplimiento de veinte años de servicios y entendió que los cincuenta años de edad constituían una condición para el disfrute de la prestación. (…) En consecuencia, la interpretación acogida en primera instancia terminó por reconocer una pensión a partir de requisitos que, considerados conjuntamente, no corresponden a ninguno de los supuestos especiales establecidos en los parágrafos segundo y tercero del artículo 46 de la convención colectiva.  (…) Así las cosas, la Sala concluye que OEGJ no acreditó los presupuestos necesarios para acceder a la pensión especial de jubilación prevista en el parágrafo segundo del artículo 46 de la convención colectiva de trabajo de 1993-1994, dado que, aunque demostró haber prestado servicios durante más de veinte años, no probó haber desempeñado alguno de los oficios expresamente señalados, ni ejecutado al menos el 60 % de sus labores en los socavones de la mina. Por tanto, prosperan los reparos formulados por las sociedades apelantes frente al reconocimiento pensional efectuado por el juzgado, lo que conduce a revocar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la existencia de ese derecho y condenó a las sociedades demandadas al pago de las diferencias pensionales derivadas de su compartibilidad con la prestación reconocida por COLPENSIONES. Como consecuencia de lo anterior, resulta innecesario examinar los restantes cuestionamientos relacionados con la responsabilidad de las sociedades codemandadas, el alcance del acuerdo de asunción del pasivo pensional, la liquidación del retroactivo y la cuantía de las diferencias reconocidas, dado que tales aspectos se encuentran subordinados a la existencia del derecho pensional que, en este caso, no quedó acreditado. 

MP: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
FECHA: 30/10/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA

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