TEMA: ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. No se pueden exigir requisitos adicionales a los que el ordenamiento prevé. El artículo 88 del C. G. del P. posibilita acumular las pretensiones, sin que se puedan exigir requisitos adicionales a los que el ordenamiento prevé. La apelación frente al auto que rechaza la demanda, comprende su inadmisión, de ahí que el artículo 90 del C. G. del P., contempla los eventos en que se ha de inadmitir la acción para que lo pertinente sea subsanado so pena de rechazo. El artículo 88.2 del C. G. del P., indica: “Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los requisitos: “2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias”. Entonces, se permite acumular pretensiones, así sean excluyentes entre sí, siempre que se cumplan los requisitos expuestos en la norma. El acto de dirección procesal inicial garantiza unos requisitos mínimos e ineludibles de cara a proferir sentencia de fondo; además que en ese punto el juez cumple con las funciones propias de Dirección del Proceso; pero si las pretensiones se formularon cumpliéndose con el artículo 88 del C. G. del P., la decisión ha de ser de conformidad, sin que se puedan exigir requisitos adicionales. La Corte Suprema de Justicia precisó: “(…) la inadmisión y el rechazo de la demanda sólo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducción de motivos ajenos a los allí dispuestos, en últimas, limita el derecho que tienen los coasociados a acceder a la administración de justicia (…)” STC4698-2021.

FECHA: 24/01/2023

TIPO DE PROVIDENCIA: AUTO

PONENTE: DR. JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

TEMA: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. Procede cuando hay vulneración ostensible de los derechos fundamentales. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, en tanto que para ello se han previsto otros medios ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, la Corte Constitucional ha destacado que la tutela procede cuando: i) se advierte una vulneración o amenaza de vulneración ostensible y grave de derechos, que solo pueda precaverse a través de la intervención inmediata del Juez Constitucional, o ii) cuando, por las circunstancias particulares del caso, la acción contenciosa legalmente prevista resulte ineficaz. (Sentencia T-215 de 2006) El derecho fundamental al debido proceso administrativo ha sido objeto de protección por vía constitucional y en reiterada jurisprudencia se han definido sus garantías mínimas, entre otras, en la sentencia T-051 de 2016 se indicaron cuales son las que deben ser las de quien acude a la tutela y quien no puede tener a su disposición otras herramientas jurídicas que permitan solventar la vulneración o amenaza del derecho fundamental que se considera comprometido, a no ser que se halle en una situación en la que, de no actuar oportunamente, se derive un perjuicio irremediable.

FECHA: 19/01/2023

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELA

PONENTE: DR. MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ

TEMA: VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. Dolo como ausencia de consentimiento-Carga de la prueba. Sobre este tópico la jurisprudencia patria puntualiza: “El dolo, concebido en sentido amplio como la intención de inferir o causar daño a alguien (art. 63 C.C.), en el negocio jurídico consiste en la maniobra, artificio, engaño, maquinación consciente y deliberada de una parte o sujeto contractual con suficiente aptitud para inducir o provocar un error de la otra parte y obtener su consenso o voluntad en la celebración del acto. Tratándose del negocio, ha de ser obrade una de las partes (incluido el representante, mandatario, el beneficiario de la declaración, el tercero cuya conducta conoce y calla la parte, o del que se vale para desplegar la maquinación, engaño o artificio), determinante, esencial, definitivo e incidente en la obtención del consenso de la parte, en forma de aparecer claramente que sin él no habría contratado (art. 1515, C.C.), podrá consistir en una acción, reticencia u omisión y debe probarse por quien lo invoca en todas sus exigencias, salvo que la ley lo presuma (arts. 1516, 1025/5, 1358, 2284 C.C.; cas. civ. sentencias de junio 29 de 1911 y 23 de noviembre de 1936, XLIV, p.483). El artículo 1515 del C. Civil no se limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, sino que también mira a la influencia o repercusión que aquél tenga sobre el ánimo del otro contratante, bien sea para declarar la nulidad relativa del acto o bien para sólo imponer la sanción indemnizatoria que normalmente aparejan las conductas dolosas. (Cas. civ. sentencia de 15 de diciembre de 1970, G.J. t. CXXXIV, p. 367CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, sentencia del 06 de marzo de 2012, exp. 11001-3103-010-2001-00026-01, M.P. Dr. William Namén Vargas) El canon 1516 Ib., ordena: “Presunción de dolo. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la Ley, en los demás debe probarse”. La parte actora no aportó prueba fehaciente y contundente que diera cuenta del actuar doloso del extremo pasivo; por el contrario, precisa que fue la misma demandante, quien desvirtuó cualquier actuar doloso que viciara su consentimiento, al afirmar que consintió en el trámite conciliatorio para que el demandado empezara a recibir los beneficios económicos que le brindaba, por ser su compañera permanente; además, que firmó el acta sin constatar su contenido, lo que debió hacer máxime si se tiene en cuenta que su profesión es la de abogada (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-122 del 27 de febrero de 2017, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez) Para la prosperidad de la pretensión de nulidad de un contrato por ausencia de consentimiento o vicios del consentimiento, la carga de la prueba le incumbe a la parte demandante y si no la cumple, debe asumir las consecuencias. Esto por cuanto la labor del fallador no puede suplir los deberes propios de los litigantes relacionados con establecer de manera coherente y definitoria los marcos del debate, constituyéndose en un control de legalidad a la actividad negocial que se ejerce de manera excepcional ante flagrante violación del ordenamiento jurídico. (Sentencia del 13 de octubre de 2011, exp. 68001-3103-008-2007-00209-01, M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez)

FECHA: 20/01/2023

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA

PONENTE: DR. LUIS ENRIQUE GIL MARÍN

TEMA: TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO. Presupuestos. El Juez de tutela no reemplaza al de conocimiento, por lo que no es viable ir contra la autonomía judicial consagrada en los artículos 228 y 230 Constitucionales; no obstante, la Corte Constitucional en la SU 034 de 2.018 se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, precisamente, contra aquella que resuelve un incidente de desacato, advirtiendo que ello se da cuando: (i) Además de estar ejecutoriada la providencia que resuelve el desacato; (ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (STC8509-2022 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia). Al respecto, de cara a los requisitos de procedencia, ha de mencionarse que la sanción (arresto y multa) de la cual se queja la accionante, está debidamente ejecutoriada; también el asunto tiene cariz constitucional, pues se quiere salvaguardar entre otros, el derecho fundamental al debido proceso; y, finalmente, se cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por lo que es del caso continuar con el estudio del asunto. Sobre el trámite de desacato la Corte Constitucional indicó que: “(…) permite la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional”. (Sentencia T 271 de 2.015). Ahora, la sanción impuesta en un trámite de incidente de desacato tiene fundamento legal, además resulta armónica con el artículo 28 de la Carta Política y los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1.991. Entonces, ante el incumplimiento de un mandato que protege derechos fundamentales, el Juez puede requerir al responsable y su superior buscando el acatamiento respectivo, si ello no sucede puede, luego del trámite del caso, imponer arresto de hasta de seis meses y multa con el límite de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tales argumentos, considera la Sala, no son desacertados, y aunque la accionante contestó a los requerimientos, se explicó sobre su responsabilidad objetiva y subjetiva, quien resulta ser superior de la CÁRCEL y una de las directamente responsables de acatar el fallo de tutela. En tales términos, la sanción de la cual se queja la accionante resultó de un trámite previamente dispuesto y tras no acreditarse el cumplimiento a la orden jurisdiccional, sumado a que está dentro del rango legalmente consagrado, por lo que contrario a lo expuesto en la acción, no se le tiene como desproporcional y extralimitada, tampoco su confirmación en sede de consulta. El actuar de las autoridades judiciales accionadas no ha sido arbitrario o en desconocimiento del debido proceso, se verificaron los términos concedidos en el desacato, así como las notificaciones, sin que se advierta pifia al respecto, lo decidido atendió a lo probado en el incidente.

FECHA: 20/01/2023

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA TUTELA

PONENTE: DR. JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

TEMA: ESTABILIDAD REFORZADA. Reglas de concurso de méritos-Prima quien se encuentra en la lista de elegibles que el provisional que no cumple con los criterios para alegar estabilidad. La Corte Constitucional ha definido que la condición de prepensionado la ostenta quien tenga contrato de trabajo y que le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación, pero esa situación no se da en este caso, pues para la fecha de la desvinculación, el actor contaba con la edad y tiempo de cotización para acceder a su pensión. La desvinculación del actor se dio por el nombramiento en período de prueba de quien ocupaba un lugar en la lista de elegibles, habiéndolo hecho en cumplimiento de una norma de rango constitucional, y una vez la lista de elegibles adquiere firmeza, los que allí se encuentren incluidos adquieren un derecho adquirido a ser nombrados en las vacantes disponibles, en estricto mérito u orden descendente de puntajes y acorde a la disponibilidad de vacantes efectivas durante la vigencia de la lista. Lo anterior, en respeto del artículo 58 Superior y el Acuerdo de la Convocatoria, esto es, se considera que en los casos mencionados, ha ingresado tal derecho al patrimonio de su titular, configurando una situación particular y concreta a su favor que no puede ser desconocida ni menoscabada por la administración, como lo ha resaltado en varios fallos la Corte Constitucional, entre ellos la sentencia de unificación SU-913 de 2009 -reiterado entre otras en la sentencia T180 de 2015-, donde se indicó que la lista de elegibles en firme solo es modificable por orden judicial y resaltando la Corte que ello implica entre otros, respeto por la confianza legítima de los concursantes que se sometieron a las reglas de la convocatoria. Observa la Sala la improcedencia del presente mecanismo constitucional no sólo porque no se vulneró ningún derecho fundamental de los cuales deprecó amparo el gestor constitucional, pues es claro que el Municipio de Envigado procedió al nombramiento en periodo de prueba en el cargo que ocupaba el actor, que no ostenta la condición de estabilidad laboral reforzada, pues ostenta los requisitos para adquirir su pensión y no se encuentra dentro de las condiciones que estableció el máximo Tribunal, sino además por falta de requisito de subsidiariedad pues la acción de tutela es improcedente para controvertir las irregularidades acontecidas durante el trámite de un concurso de méritos, cuando en este se ha conformado la lista de elegibles, porque es un acto susceptible de demandarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual es posible acudir a la solicitud de medidas cautelares, ante un inminente perjuicio.

FECHA: 17/01/2023

TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA TUTELA

PONENTE: DR. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

TEMA. DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE SOCIEDAD DE HECHO EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN. “…tiene derecho a que la judicatura analice y resuelva su pretensión, la que le será favorable en la medida en que acredite los elementos propios de la institución, sin que se haga mayor esfuerzo en la demostración del lazo sentimental que con rigurosidad se exigen a los concubinos ya que se está en presencia de unos auténticos marido y mujer, y no “de aquellos simples amantes respecto de los cuales el trato sexual que normalmente se dispensan no trasciende esta unión concubinaria, ya que como lo dice la Corte en común sólo tienen el lecho y la vida de los afectos” (G.J. t, CLII, pág. 347). Está claro que, por estar ligados por vínculo matrimonial, lo hacen como marido y mujer, bajo el mismo techo y lecho, surgiendo entre ellos algunos efectos personales se adquiere la calidad de cónyuges y por ende el estado civil de casados y las obligaciones recíprocas entre cónyuges.  Así las cosas, para los efectos que pretende la actora debe demostrar que a la par de ese matrimonio, en el que se itera, no se formó sociedad conyugal, aunaron esfuerzos encaminados - como lo hacen los concubinos “a formar un capital a través de los correspondientes aportes, con el propósito de repartirse entre sí las ganancias o las pérdidas derivadas de la especulación, entonces ahí sí hay lugar a afirmar que aparece estructurada una verdadera sociedad de bienes, formada por los hechos. “En esta última eventualidad, por supuesto que le corresponde al interesado acreditar fehacientemente todos los elementos esenciales que estructuran una sociedad, vale decir, el animus societatis o sea la intención de asociarse – distinta del interés individual de los socios -, el aporte de los consocios destinado al desarrollo y explotación de la compañía, o en sentido más amplio, “la recíproca colaboración en la pareja en una actividad económica con miras al logro de un propósito común ” (G. J. t. CC, pág. 40) así como también la pretensión de obtener una utilidad económica repartible o de asumir, de consuno, las pérdidas que puedan originarse de ella”

MP. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

PROVIDENCIA. SENTENCIA

FECHA. 14/12/2022