TEMA: PENSIÓN DE INVALIDEZ. Prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado: Los requisitos concretos con el fin de determinar si se tiene derecho a la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, están consagrados en el artículo 46 de la ley 418 de 1997 y el Decreto 600 de 2017. El Decreto 600 de 2017 reglamenta la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, y su fuente de financiación, precisando que aplica a las víctimas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre de 1997, hubieren sufrido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% como consecuencia de un acto de violencia suscitado en el marco del conflicto armado interno, y establece los  requisitos: 1. Ser colombiano; 2. Tener calidad de víctima del conflicto armado interno y estar incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV; 3. Haber sufrido pérdida del 50% o más de la capacidad laboral, calificada con base en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido por el Gobierno Nacional; 4. Existir nexo causal de la pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno; 5. Carecer de requisitos para pensión y/o de posibilidad pensionar; 6. No debe percibir ingresos por ningún concepto y/o mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal vigente; 7. No ser beneficiario de subsidio, auxilio, beneficio o subvención económica periódica, ni de otro tipo de ayuda para subsistencia por ser víctima. Concordado con lo anterior, en lo que respecta al requisito prescrito por la ley 418/97 relacionado a la calidad de víctima, se debe verificar lo que la Corte Constitucional en sentencia T 921 de 2014, indicó. Conforme lo anterior, y partiendo de las obligaciones del estado en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado, está claro que esta condición de víctima, desde el punto de vista constitucional relativa a la protección de los derechos fundamentales, en sujetos de especial protección del Estado, no se circunscribe a un momento temporal especifico, sino que se permite inclusive reconocer y proteger situaciones y hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985. Concordado con lo anterior el artículo 2.2.9.5.4 del decreto 600 de 2017 en cuanto a las características de la prestación humanitaria periódica, preciso se entregarán 12 prestaciones por año con una periodicidad mensual, es de un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV y estará a cargo del Ministerio del trabajo conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.9.5.8.

PONENTE: DR. HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ 

FECHA: 25/03/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia

TEMA: PRIMA ESPECIAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD: Reconocimiento a trabajadores oficiales de la FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA como Empresa Industrial y Comercial del Estado. El Acta 1722 del 14 de febrero de 1977 expedida por la Junta Departamental de Rentas del Departamento de Antioquia dispuso otorgar, entre otras prestaciones, a los servidores de la FLA una prima especial y una prima por antigüedad, entidad que era competente para suscribirla por cuanto existía autorización expresa de la Asamblea Departamental amparada por las ordenanzas 30 de 1947 y 28 de 1949, emolumentos establecidos para aquellos empleados que quedaran en el grado 4 nivel administrativo y grado 05 del nivel operativo; actos que fueron emitidos cuando aún la Asamblea Departamental podía arrogarse facultades para establecer directamente emolumentos, y prestaciones sociales, pues a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968 y luego con la Constitución Política de 1991, que las Asambleas Departamentales fueron despojadas de la competencia. En lo concerniente a la prima de antigüedad, ella también está prevista en el acta 1722 de 1977 en los mismos términos que la prima especial y por ello les asiste derecho a los demandantes. En lo relativo al incentivo por antigüedad, debe señalarse que estuvo contemplado en la ordenanza No. 2 de 2003, la que fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia del 2 de octubre de 2014, en el proceso radicado bajo el No. 05001-23-31-000-2008-00557-01(0456-11). Los trabajadores oficiales se rigen por las normas concretas que regulan sus prerrogativas, derechos y deberes, no es posible que se beneficien de una norma que salió del ordenamiento jurídico pues fue declarada nula. Las prestaciones de las que se producirá la condena, no están previstas en ninguna Ley como factor de salario, por lo que no procede la pretensión de la indemnización moratoria del art. 99 de la ley 50 de 1990 y menos para liquidar las cesantías en concordancia con el Art. 2 del Decreto 2712 de 1999. Respecto de la apelación de la demandada en lo atinente a las costas que le fueron impuestas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado en las sentencias C-089 de 2002 y C- 157 de 2013, que la condena en costas es objetiva, sin que para su imposición se pueda entrar en miramiento alguno si el obrar del vencido en el juicio fue o no temerario o de mala fe. 

PONENTE: DR. FRANCISCO ARANGO TORRES

FECHA: 07/04/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia

TEMA: DECLARATORIA DE INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN Y TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL DE PENSIONADO:  Siguiendo la tesis según la cual, frente a la ineficacia del traslado de régimen pensional de quien ostenta la calidad de pensionado, acoge la sentencia de unificación proferida por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el 14 de agosto de 2019, en el proceso con radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, con la que la Sala, en estricta observancia a lo previsto en el inciso último del artículo 35º del Código General del Proceso, concordante con el también último inciso del artículo 10º del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, que estableció precedente judicial unificador acerca de la ineficacia de afiliación y traslado de régimen pensional de quien ostente la calidad de pensionado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, concluyendo que es improcedente su declaratoria. El artículo 12 del Decreto 720 de 1994, establece que la obligación del consentimiento informado de la AFP no solo se debe atender en la antesala del traslado, sino también: “durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado”, regulación que permite inferir que una vez solicitada y obtenida la prestación económica de vejez ante la AFP y entrado en el pleno disfrute pensional, la falta de información integral en el traslado inicial entre regímenes pensionales deja de ser relevante, en tanto se trata de una persona adquiriente de un nuevo estatus jurídico, el de pensionado. Sobre la indemnización de perjuicios, al no ser ajena al derecho laboral sustantivo ni procesal, en el que sin duda cabe la reparación del daño por la responsabilidad imputable a la AFP, debe la parte actora formular las pretensiones en ese sentido, bien de manera directa o principal o subsidiaria a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

PONENTE: DR. VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

FECHA: 19/03/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia

TEMA: NEGLIGENCIA EN TRATAMIENTO MEDICO DE ENFERMEDAD PSIQUIATRICA.

Antecedentes. El 20 de marzo de 2016, se presentó como hecho que dio origen al proceso con radicado 05266310300120160030601, las circunstancias de que el demandado empezó a insultar a los demandantes y a propiciarles golpes. Consecuencia de ello, la demandante sufrió algunas fracturas las cuales arrojaron una incapacidad de 45 días con secuelas.

Problema Jurídico: El problema jurídico a resolver, se contrae a establecer si se encuentra satisfechos los problemas axiológicos de la responsabilidad civil demandada. El artículo 2341 del Código Civil establece los presupuestos para la responsabilidad aquiliana: demandado, daño, perjuicio. La conducta del demandado raya la negligencia al no asumir una conducta con su crisis psicótica.

Decisión. Confirma sentencia que acogió pretensiones, de fecha 04 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado 1° civil del Circuito de Oralidad de Envigado.

PONENTE: DR. JOSE OMAR BOHORQUEZ

FECHA: 24/03/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia.

TEMA. LA DEMANDA EJECUTIVA BASADA EN SENTENCIA JUDICIAL, DEBE PROPONERSE EN EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS. LA COMPENSACIÓN SOLO DEBE ALEGARSE POR EL DEMANDADO.

Antecedentes. Se propone apelación contra la sentencia de fecha enero 20 de 2020. La sentencia declara probada la excepción de prescripción extintiva. No se fijaron costas. Y la obligación ejecutiva se reduce con la figura de la compensación.

Problema Jurídico: El artículo 422 del Código General del proceso, prevé la necesidad de un título ejecutivo para legitimar la acción. El artículo 305 ibidem, establece que podrán exigirse la ejecución de providencias judiciales, una vez ejecutoriadas. La prescripción se encuentra consagrada en el artículo 2535 del Código Civil como medio de extinguir las decisiones judiciales. El problema jurídico consiste en determinar el día a partir del cual se cuenta el término de prescripción. La compensación sólo la puede alegar el ejecutado. Se venció el termino para proponer la demanda.

Decisión. Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda, de fecha 28 de enero de 2020 del Juzgado 17 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

PONENTE: DR. JULIAN VALENCIA CASTAÑO.

FECHA: 24/03/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia.

TEMA: REPORTE A CENTRALES RIESGOS, NO GENERA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

Antecedentes. El 27 de marzo de 2017, las partes en el proceso con radicado Nro. 05001310301620180052701 firmaron contrato consistente en la adquisición de una línea telefónica. El 09 de mayo del mismo año el demandante compró en un punto claro otro celular. En junio 17, compró otra línea telefónica, A partir de allí empezaron las reclamaciones y cobros por parte de Comcell y posteriormente las llamadas se hicieron más críticas y amenazantes. Las entidades demandadas reportaron a las centrales de riesgos los supuestos incumplimientos y los pagos de las facturas por parte de la demandante.

Problema Jurídico: El artículo 1602 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es Ley para los contratantes y no puede ser invalidado si no por su consentimiento mutuo o por causas legales. La responsabilidad se estructura cuando previamente existe una relación jurídica entre las partes. (sentencia de casación Civil del 29 de noviembre de 2016). El demandante no cumplió con la carga de la prueba. Artículo 167 del Código General del proceso.

Decisión. Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda, de fecha 12 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado 16 civil del Circuito de Oralidad de Medellín

PONENTE: DR. PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA

FECHA: 24/03/21

TIPO DE PROVIDENCIA: Sentencia.