TEMA. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. Solicitó el actor el cumplimiento del Acuerdo 016 de 2015, del municipio de Barbosa, lo que tendría como consecuencia, el sellamiento de establecimiento comercial de dicho municipio por incumplir las disposiciones de uso del suelo, pretensiones desestimadas por el a quo por improcedentes, decisión apelada. Expone el ad quem que, “Jurisprudencialmente se ha establecido que la acción de cumplimiento es un mecanismo judicial mediante el cual se pretende obtener el cumplimiento a mandatos expresos contenidos en normas con fuerza material de ley o actos administrativos […]  la acción no está encaminada al reconocimiento por parte de la administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del contenido y alcance de algunos derechos que el particular espera que se le reconozcan, tampoco es un mecanismo para esclarecer simplemente el sentido que debe dársele a ciertas disposiciones legales o para debatir la ilegalidad de los actos administrativos […]”

MP. DR. JULIÁN VALENCIA CASTAÑO

PROVIDENCIA. SENTENCIA

FECHA. 18/04/2022

Tema:  AUTO QUE DECLARA LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO NO ES APELABLE. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A propuso como excepción previa la que denominó falta de competencia por “prejudicialidad”, pero debe destacarse que la prejudicialidad no constituye un evento de falta de competencia ni tampoco se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico como una excepción previa, tal como  puede advertirse en el artículo 100 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo. La prejudicialidad está regulada en el Código General del Proceso como una causal de suspensión, concretamente en el artículo 161 numeral 15 . Si bien la demandada combinó las dos figuras (falta de competencia y prejudicialidad) y la Juez emitió la providencia en la etapa de resolución de excepciones previas, tal circunstancia no cambia la naturaleza jurídica de la decisión adoptada, que no es otra distinta a declarar la suspensión del proceso. El artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social no contempla el recurso de apelación en contra del proveído que resuelve la       SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO. Los artículos 161 y 162 del Código General del Proceso que regulan de manera concreta la suspensión del proceso, tampoco consagran la procedencia del recurso de apelación en contra del auto que la decreta. La norma general del artículo 321 del Código General del Proceso, tampoco  dispone este recurso en relación con la decisión que la parte la demandante pretende controvertir.

Ponente: DRA. ANA MARÌA ZAPATA PÉREZ

Fecha: 11/02/2022

Tipo De Providencia: Auto

TEMA. ANULACIÓN LAUDO ARBITRAL. Concluye el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio, que no se probó la existencia de vicio en el consentimiento para establecer la nulidad del contrato de prestación de servicios invocada por la parte activa, y que los honorarios debían tasarse según lo acordado en el contrato, es decir, en razón de la cuantía de los inmuebles del trámite sucesoral, bajo la modalidad de cuota litis. Presentó el convocado recurso de anulación según numerales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y excepción de inconstitucionalidad por vulneración al debido proceso. A señalado el Consejo de Estado que “(…) este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes (…)”

MP. DR. RICARDO LEÓN CARVAJAL

FECHA. 25/04/2022

TEMA. EJECUTIVO. Cobro de los aportes en mora. La liquidación contentiva del valor adeudado que presenta la Administradora de Pensiones al empleado moroso se tiene como documento que presta mérito ejecutivo. Señala la Resolución 2082 de 2016, que una vez se constituya el título que presta mérito ejecutivo, deben las administradoras contactar al deudor mínimo dos veces, si este no realiza el pago, tienen estas entidades un máximo de cinco meses para dar inicio a la acción de cobro coactivo o judicial, según el caso. Contiene SALVAMENTO DE VOTO. Se está en presencia de un título complejo, por lo que se deben cumplir ciertos requisitos para poderse hablar como tal, de título.

MP. DRA. NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR.

FECHA. 06/05/2022

SALVAMENTO DE VOTO. DRA. MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Tema:  SUCESIÓN            PROCESAL          Y             DESISTIMIENTO               DEL PROCESO. En las pretensiones de la activa que son objeto de debate, el demandante señalaba que el acto de traslado fue ineficaz dada la falta de información suficiente, la AFP Protección expuso que el actor manifestó su consentimiento libre y espontáneo, a la par que Colpensiones niega toda injerencia en el traslado cuestionado. Se configura sucesión procesal en este evento, en tanto al fallecido Francisco Luis Herrera Zapata procesalmente lo sucede su compañero permanente Alberto León Giraldo Arboleda  Es así que el desistimiento a las pretensiones no involucra derechos mínimos e irrenunciables en la medida que no se trata de prerrogativas que estuvieran incorporados al patrimonio del afiliado, ni existe certeza de su existencia, la que valga recordar está supeditada a las decisiones ante la jurisdicción laboral (al respecto la sentencia T 040 de 2018) Tampoco existe duda respecto a la aptitud legal del sucesor procesal para renunciar al proceso, en tanto no se demuestra que se halle sometido a algún régimen o medida de apoyo en los términos de la Ley 1996 de 2019. En suma, dado que el desistimiento de la demanda por parte de Alberto León Giraldo Arboleda conlleva la desaparición de los presupuestos que generaban las pretensiones, encuentra la corporación que hay lugar a la terminación del trámite judicial, decisión que surte efectos de cosa juzgada e impide que por los mismos hechos y pretensiones las partes acudan nuevamente a la jurisdicción.

Ponente: DR. DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Fecha: 12/05/2022

Tipo De Providencia: Auto

Tema:  PENSION DE SOBREVIVIENTES. Cónyuge separada de hecho. Se centra la Sala en el análisis de la calidad de beneficiaria de la demandante, como cónyuge separada, en tanto que, en la investigación administrativa realizada por la entidad, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 1437 del 2011, se determinó que la pareja no tenía convivencia para el momento convivio desde el momento en el que contrajeron matrimonio, esto es, el 24 de diciembre de 1977, hasta el año 2002, fecha en la cual se produjo la separación. Sobre el tema de los cónyuges separados de hecho, tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte Constitucional, en la Sentencia C-515 del 2019, en la cual fijó el alcance del literal b) del inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, señalando que cuando la sociedad conyugal no fue disuelta, la misma se integra por el haber absoluto y el haber relativo, encontrando dentro del haber absoluto, las pensiones, las cuales hacen parte de la masa patrimonial. La sentencia anterior ratifica el pronunciamiento contenido en la sentencia C 336 de 2014, en la cual se declaró exequible la misma disposición, entendiendo que el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivencia en virtud de la vigencia de la sociedad conyugal. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU 149 del 2021, reafirma que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, es de cinco años, independientemente de si el causante es un afiliado o un pensionado. Así las cosas, debe acreditar la convivencia de cinco años con el causante, en cualquier tiempo, concluyendo la Sala, al analizar la prueba aportada, que la misma no demuestra el cumplimiento del referido requisito para acceder a la prestación que reclama. Es de precisar que era a la demandante, a quien la asistía la carga de la prueba de los cinco años de convivencia con el causante y si bien aportó declaraciones no resultan suficientes para probar la convivencia en el tiempo requerido y restar eficacia probatoria a los testimonios presentados por la codemandada. Respecto a las investigaciones administrativas que realizan las Administradoras Pensionales, es una actuación válida en el trámite administrativo, tendiente al reconocimiento de la prestación reclamada, la cual fue ordenada por Colpensiones en atención a la reclamación presentada por la cónyuge y por la compañera permanente.

Ponente: DRA. SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Fecha: 11/02/2022

Tipo De Providencia: Sentencia